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La fiscalía pide 130 años para el asesino de Marta Calvo y otras dos mujeres

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La fiscalía pide 130 años para el asesino de Marta Calvo y otras dos mujeres

València, 27 dic (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia reclama una condena de 130 años de prisión para el hombre acusado del asesinato de Marta Calvo y otras dos jóvenes, y de haber abusado de otras mujeres a las que supuestamente intoxicó con drogas mientras mantenía relaciones sexuales con ellas.

La fiscal considera a Jorge Ignacio P.J. responsable de tres delitos de homicidio, once de abusos sexuales y un delito contra la salud pública.

Según consta en su escrito de acusación, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EFE, reclama una pena de 10 años de prisión por cada delito de abuso sexual y 15 por cada homicidio -con la agravante de género en todos los casos-, además de 5 años por un delito contra la salud pública.

En cada caso de abusos el Ministerio Público reclama una indemnización de 6.000 euros para las víctimas, y de 22.000, 90.000 y 180.000 euros para los familiares en el caso de los tres homicidios.

Las acusaciones particulares, que presentaron sus escritos la semana pasada, elevan la consideración de lo sucedido a tres delitos de asesinato y reclaman para el procesado prisión permanente revisable.

Estas partes exponen en sus calificaciones que el acusado contrataba con frecuencia servicios sexuales de mujeres que se anunciaban en páginas de contactos, pidiendo siempre “fiesta blanca”, una práctica sexual «letal a través de un ritual de intoxicación mediante la introducción de cocaína por vía vaginal o anal en sus cuerpos, mientras estaban desprevenidas, en ocasiones sin el conocimiento de éstas y en otras a pesar de su expresa negativa», añade el citado escrito.

Las acusaciones particulares sostienen que el acusado utilizó el método descrito con Arlienne Ramos en marzo de 2019, con Lady Marcela Vargas en junio y con Marta Calvo -cuyo cadáver sigue sin ser hallado- en noviembre, todas ellas fallecidas tras los encuentros, y al menos con otras siete mujeres.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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