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Valencia

La Generalitat pide la nulidad del convenio que financió el circuito de F1

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Archivo/EFE/ Manuel Bruque

València, 10 ago (EFE).- El conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, en calidad de presidente del consejo de dirección de la EVha ha solicitado al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana “la declaración de nulidad del convenio que se firmó para hacer posible las obras del circuito urbano de Fórmula 1”.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, esta decisión se adopta tras «haberse detectado una serie de irregularidades en el convenio firmado en 2007 entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València para el desarrollo de las infraestructuras necesarias del circuito de la Fórmula 1».

La decisión del Consell Jurídic Consultiu será de carácter vinculante, informa la Generalitat, de modo que, en caso de aceptar la invalidación del convenio, la Conselleria de Vivienda ha solicitado también que se pronuncie sobre la pertinencia de solicitar responsabilidades a las personas que dieron lugar a la nulidad.

Para Martínez Dalmau “lo que iba a ser una inversión a coste cero ha acabado siendo una enorme losa para las arcas públicas valencianas. Hoy en día continuamos pagando 7,5 millones de euros anuales por la gestión irresponsable del gobierno de Francisco Camps. Un dinero que podríamos estar destinando a pagar ayudas al alquiler o para seguir incrementando el parque público vivienda”.

El pasado mes de mayo, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, presentó un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento de València en el cual requería al Consistorio a recuperar los 43 millones de euros invertidos en las obras del circuito de Fórmula 1, y hacerlo a través de un canon aplicado a los propietarios del Sector del Grau.

El coste de las obras fue prestado por la Generalitat Valenciana, en concreto por el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos (GTP) que ahora forma parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha).

Este adelanto presupuestario nunca fue devuelto por parte del Ayuntamiento de València, quien no ha impuesto hasta el día hoy el canon mencionado.

Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se han detectado una serie de irregularidades que podrían suponer la declaración de nulidad del convenio, dado que el procedimiento llevado a cabo para su firma no siguió los protocolos establecidos, ha informado la Generalitat.

En este sentido, se indica que la ley de procedimiento administrativo 30/1992 establece en su artículo 62 las razones que podrían causar la nulidad de un convenio.

Al amparo de este artículo y dado que la EVha dispone de competencias para la revisión del convenio, Dalmau ha iniciado el expediente de revisión de oficio por haber detectado una serie irregularidades.

Así, se expone que «por parte de la Generalitat, las personas que firmaron el convenio no tenían competencias para hacerlo. El convenio fue impulsado y firmado por el presidente de la GTP, pero no fue impulsado ni aprobado por el consejo administrativo del mismo organismo que era quien tenía competencias en la cuestión. Solo aparece la firma del presidente del GTP y del consejero a cargo».

«Por parte del Ayuntamiento de València, el convenio y las modificaciones de planificación urbana que se tuvieron que realizar para hacer posible las obras, se aprobaron el 28 de septiembre de 2007 por Junta de Gobierno Local, a pesar de que, la normativa en lo referente al funcionamiento del Ayuntamiento indica que este tipo de documento tenía que haberse aprobado en el Pleno del Ayuntamiento por tratarse de cuestiones de planeamiento».

Por otro lado, en el convenio se aprobaron cuestiones relativas a la determinación urbanística de la ciudad, pero no se tramitaron según indica la ley urbanística valenciana.

El convenio establecía que la GTP avanzaba el dinero, que debía ser reembolsado por los propietarios tras la tramitación de los procedimientos urbanísticos correspondientes, pero dichos propietarios nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa.

«En consecuencia, el convenio abría la puerta a qué fueran los propietarios del sector del Grau y no el Ayuntamiento quienes soportaran el coste de las obras, pero no se tramitó simultáneamente la modificación del Plan General ni el Programa de Actuación Integrada, por lo que además hoy en día se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos».

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Sucesos

Desmantelada una red criminal de estafas online con mascotas que tenía aislado y explotado a un octogenario

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Desmantelada red criminal estafas online mascotas
Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado para ejercer mendicidad y estafar por internet - GUARDIA CIVIL

MADRID / VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafas online mediante falsos anuncios de venta y adopción de mascotas, una trama que llegó a mantener aislado y bajo control a un octogenario, al que utilizaban tanto para ejercer mendicidad como para cometer fraudes por internet.

La operación, denominada Magna-Vallis, se ha saldado con 18 personas detenidas en Bizkaia y una en Burgos, además de tres investigados más, todos ellos presuntamente implicados en una estructura criminal perfectamente organizada.

Un anciano aislado y explotado por un clan familiar

Según ha informado la Guardia Civil, tres miembros de la organización, pertenecientes a un clan familiar, mantenían sometido a un hombre de más de 80 años, al que habían aislado completamente de su entorno familiar. El anciano era obligado a pedir limosna y a abrir numerosas cuentas bancarias que posteriormente eran utilizadas para canalizar el dinero procedente de las estafas.

El hombre ha sido finalmente liberado, poniendo fin a una situación que los investigadores califican como un claro caso de explotación y malos tratos, enmarcado dentro de delitos de trata de seres humanos.

Más de 120 víctimas repartidas por toda España

La investigación ha permitido identificar 121 víctimas de estafa y 10 víctimas de usurpación de identidad, repartidas en un gran número de provincias españolas. Entre ellas figuran Valencia, Alicante y Castellón, además de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, La Rioja, Álava, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña, entre otras.

Las víctimas eran contactadas a través de anuncios falsos en internet en los que se ofrecían perros y otras mascotas en adopción o venta. Una vez iniciado el contacto, los estafadores solicitaban pagos progresivos alegando gastos inexistentes.

El modus operandi: pagos fraccionados y blanqueo

Los miembros de la red exigían a las víctimas desembolsos sucesivos con distintos pretextos, como:

  • Vacunas

  • Transporte del animal

  • Colocación del microchip

  • Jaulas o documentación

Los pagos se realizaban principalmente mediante Bizum o transferencias bancarias. Para dificultar el rastreo del dinero, los estafadores utilizaban el método conocido como “smurfing”, que consiste en fraccionar los cobros en pequeños importes y redistribuirlos a través de múltiples cuentas para blanquear el dinero.

Cuentas bloqueadas y más de 36.000 euros estafados

Durante la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas directamente vinculadas a la organización criminal. Todas ellas han sido bloqueadas por orden judicial.

La Guardia Civil estima que la cantidad directamente asociada a las estafas supera los 36.000 euros, aunque el volumen económico total podría ser mayor.

Fraude con ayudas sociales y criptomonedas

Además, los investigadores han constatado que parte del dinero obtenido de las estafas, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida, fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado se estima en más de 55.000 euros.

La mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de:

  • Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

  • Ingreso Mínimo Vital (IMV)

  • Otras ayudas autonómicas

Se calcula que el fraude en prestaciones sociales podría ascender a más de 560.000 euros.

Delitos imputados a los detenidos

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de:

  • Estafa continuada

  • Blanqueo de capitales

  • Usurpación de estado civil

  • Pertenencia a grupo criminal

  • Trata de seres humanos

  • Malos tratos de obra sin lesión

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.

Recomendaciones para evitar estafas con la compra de mascotas

La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal en España, siempre que se realice conforme a la normativa de bienestar animal y a través de criadores o centros autorizados.

Entre las recomendaciones para evitar estafas destacan:

  • Desconfiar de precios excesivamente bajos.

  • Sospechar de la urgencia por “entregar al animal”.

  • Exigir siempre la identificación del criador o centro.

  • Solicitar documentación veterinaria, cartilla y microchip.

  • No pagar por adelantado ni enviar dinero por Bizum o transferencias sin garantías.

La operación Magna-Vallis pone de nuevo el foco en el auge de las estafas online relacionadas con mascotas, un tipo de fraude que aprovecha la sensibilidad emocional de las víctimas y que sigue creciendo en el entorno digital.

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