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La jueza del caso Julen acusa al dueño de la finca de homicidio imprudente

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VALÈNCIA, 3 Jul.- Medio año después del trágico desenlace del rescate de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga), la jueza que lleva el caso ha cerrado la investigación. Este miércoles ha concluido que el dueño de la finca, David Serrano, habría cometido un delito de homicidio imprudente grave.

El pozo ilegal en el que fue hallado el cuerpo del niño, de más de 70 metros de profundidad y un diámetro de 25 centímetros, no estaba sellado el día de los hechos. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha cerrado el proceso de instrucción del caso al ratificar que fue Serrano quién dejó abierto el pozo por el que se precipito el niño.

A partir de este momento, comenzarán las acusaciones contra David Serrano por su presunta implicación en este homicidio imprudente. Las partes implicadas tendrán un plazo de unos diez días para solicitar la apertura del juicio oral o para pedir el sobreseimiento del caso.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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