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La OMS pide una moratoria en la tercera dosis para que no se amplíe la brecha entre ricos y pobres

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viruela del mono emergencia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud ha pedido una moratoria hasta finales de septiembre en la administración de una tercera dosis de las vacunas contra la COVID para impedir que se amplíe aún más la brecha entre países ricos y pobres. 

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicado que «no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas, utilicen todavía más, mientras que las poblaciones más vulnerables del mundo siguen sin protección».

Según los datos de la Organización, el 80% de las vacunas suministradas hasta ahora han ido a parar a los países ricos, que representan menos de la mitad de la población mundial. Europa ya ha vacunado a más de la mitad de su población y Estados Unidos está cerca del 70 %. En cambio en África sólo el 5% de los ciudadanos han recibido una dosis.

Ghebreyesus ha apuntado que los países ricos han inoculado prácticamente 100 dosis por cada 100 habitantes, mientras que la media en los países pobres apenas llega a 1,5 dosis por cada 100 personas.

En opinión de la doctora Elin Hoffmann Dahl, asesora médica de enfermedades infecciosas, es una manera «miope» de afrontar la pandemia y así será imposible detenerla, ya que «con la aparición de nuevas variantes, si seguimos dejando sin vacunar a la mayoría del mundo, seguro que necesitaremos vacunas ajustadas en el futuro».

El director general de la OMS ha especificado que la moratoria sería hasta finales del mes de septiembre, para así poder lograr que, al menos, el 10 % de la población de cada país esté completamente vacunada. Para ello, ha añadido Ghebreyesus, hace falta «la cooperación de todos, especialmente de las compañías y del puñado de países que controlan el suministro mundial de vacunas».

 

 

 

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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