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La OMS pide una moratoria en la tercera dosis para que no se amplíe la brecha entre ricos y pobres

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viruela del mono emergencia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud ha pedido una moratoria hasta finales de septiembre en la administración de una tercera dosis de las vacunas contra la COVID para impedir que se amplíe aún más la brecha entre países ricos y pobres. 

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicado que «no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas, utilicen todavía más, mientras que las poblaciones más vulnerables del mundo siguen sin protección».

Según los datos de la Organización, el 80% de las vacunas suministradas hasta ahora han ido a parar a los países ricos, que representan menos de la mitad de la población mundial. Europa ya ha vacunado a más de la mitad de su población y Estados Unidos está cerca del 70 %. En cambio en África sólo el 5% de los ciudadanos han recibido una dosis.

Ghebreyesus ha apuntado que los países ricos han inoculado prácticamente 100 dosis por cada 100 habitantes, mientras que la media en los países pobres apenas llega a 1,5 dosis por cada 100 personas.

En opinión de la doctora Elin Hoffmann Dahl, asesora médica de enfermedades infecciosas, es una manera «miope» de afrontar la pandemia y así será imposible detenerla, ya que «con la aparición de nuevas variantes, si seguimos dejando sin vacunar a la mayoría del mundo, seguro que necesitaremos vacunas ajustadas en el futuro».

El director general de la OMS ha especificado que la moratoria sería hasta finales del mes de septiembre, para así poder lograr que, al menos, el 10 % de la población de cada país esté completamente vacunada. Para ello, ha añadido Ghebreyesus, hace falta «la cooperación de todos, especialmente de las compañías y del puñado de países que controlan el suministro mundial de vacunas».

 

 

 

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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