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La policía investigará la fiesta del «Galileo Galilei»

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La fiesta de estudiantes en el colegio mayor Galileo Galilei, que ha dado lugar al brote «mayor de la Comunitat Valenciana hasta el momento», en palabras de la consellera de Sanitat, y al cierre de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València, puede acabar teniendo consecuencias penales para sus organizadores.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha ordenado hoy que se abra una investigación que determine quién organizó la fiesta y si se pidió dinero para poder acceder a la azotea del colegio mayor. Asimismo, se sancionará a quienes transgredieron las disposiciones que regulan las medidas de prevención de la pandemia de coronavirus.

El brote masivo que causó la fiesta en el colegio mayor continúa teniendo muchas derivaciones. Una de ellas es la suspensión de la prácticas de todas las titulaciones que forman parte de la rama de Ciencias de la Salud. Según publica hoy la Conselleria de Sanidad en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), «tras la detección de casos de Covid-19, en personas relacionadas con la residencia Galileo Galilei de València en los pasados días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2020, y el cribado masivo realizado a todos sus residentes, se ha constatado que al menos de los 106 casos positivos detectados tras el cribado, 25 personas están relacionadas con carreras del ámbito de las Ciencias de la Salud de diferentes universidades del área metropolitana de la ciudad de València».

En el documento se justifica que «dadas estas cifras, el elevado número de contactos estrechos por caso, la alta incidencia de asintomáticos en la población joven y la alta vulnerabilidad de las personas a las que atienden durante su formación clínica, no se aconseja, en estos momentos y hasta la finalización del estudio de contactos estrechos de los casos conformados, la realización de prácticas por parte del alumnado de Ciencias de la Salud».

De ahí la orden de «suspender las prácticas de las disciplinas de Ciencias de la Salud, que se realizan en cualquier centro sanitario ubicado en la provincia de Valencia, por el alumnado de los grados en Ciencias de la Salud de las universidades públicas y privadas». La medida estará en vigor hasta el 16 de octubre.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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