València, 21 may (EFE).- En apenas una semana el histórico dirigente socialista valenciano Rafael Rubio ha pasado de ocupar un puesto de responsabilidad en la Subdelegación del Gobierno en Valencia a una celda de Picassent, suspendido de militancia del PSPV, y a conocer su procesamiento en una de las piezas del caso Imelsa.

Rubio (València, 1960) fue detenido el pasado jueves 13 en el marco del caso Azud, en el que se investiga una supuesta red corrupta de sobornos relacionados con operaciones inmobiliarias. Fue cesado en el cargo de forma fulminante y el PSPV-PSOE le abrió un expediente disciplinario y le suspendió cautelarmente de militancia.

Tras pasar dos noches en las dependencias de la Guardia Civil, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 ordenó el sábado pasado su ingreso en prisión junto al que fue durante años su adversario político en el Ayuntamiento de València y «número dos» de Rita Barberá, Alfonso Grau.

Además, este viernes la jueza sustituta de Instrucción 18 ha decretado la apertura de juicio oral contra Rubio y otras 25 personas, entre ellas el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el ex diputado provincial Salvador Enguix (PP) por la trama de trabajadores zombis en el seno de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

En esta causa, Rubio está acusado de malversación, prevaricación y falsedad en su modalidad continuada y la jueza le reclama una fianza de 35.196,74 euros para hacer frente a la indemnización que debería aportar a Imelsa en caso de ser condenado.

Su procesamiento en esta causa había sido minimizado por el propio Rubio y otros dirigentes socialistas al ser preguntados por la posibilidad de que finalmente se viese abocado a sentarse en el banquillo.

En una de sus comparecencias ante el juez instructor, en octubre de 2016, Rubio admitió que tuvo a sus órdenes a dos asesores que trabajaron en el grupo socialista y que cobraron de Imelsa, aunque negó el carácter ficticio de esos contratos.

Según explicó, esos asesores trabajaban en Imelsa pero no en su sede física, «donde no había despachos ni para los consejeros», sino en el grupo socialista en la Diputación, desde donde controlaban las adjudicaciones de esta empresa pública, observaban carencias de infraestructura y conversaban con alcaldes y concejales socialistas.

«En mi época dimos mucha caña; muchas de las cosas que salen ahora», dijo entonces, en referencia a las causas de corrupción que se hicieron públicas en aquella fecha sobre la gestión de Alfonso Rus.

Rafael Rubio es funcionario de carrera y militante del PSPV desde 1981, fue candidato a la alcaldía de València en 2003 y secretario general del PSPV-PSOE en la ciudad entre 2000 y 2007.

Posteriormente fue diputado provincial entre 2007 y 2011, y posteriormente diputado autonómico hasta 2015, cuando ocupó el cargo de coordinador del área de Urbanismo en el Consistorio; y en los últimos once meses ocupaba el cargo de subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia.