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Detenidos Alfonso Grau y Rafa Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia, por cobro de comisiones

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València, 13 may (EFE).- El subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el ex número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, Alfonso Grau, han sido detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la operación Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de València, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Además de Rafael Rubio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de València entre 1996 y 2011, han sido detenidos la hija de Grau y se prevén, al menos, otras 15 detenciones en el marco de una operación que se espera «larga y complicada», han indicado las mismas fuentes.

En estos momentos se están produciendo varios registros en los domicilios de los detenidos, y se prevén otros a lo largo de la jornada, han añadido.

La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, y tiene su origen en el conocido como caso Azud, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de València durante la etapa de gobierno de Rita Barberá.

En esta causa el principal investigado es el cuñado de la exalcaldesa de València, José María Corbín, quien ya fue detenido en abril de 2019 y a quien la UCO atribuye un papel de mediador y comisionista, si bien también figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se seguía inicialmente contra otros diez investigados -esta cifra podría duplicarse tras la operación de este jueves-, entre ellos empresarios de la construcción ya procesados y condenados en otros asuntos de corrupción.

Entre las últimas actuaciones como abogado de Corbín está la defensa de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de València Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de la investigación del caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.

Esta misma causa judicial, Imelsa, aunque en otra pieza diferente, afecta Rafael Rubio, que también fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia entre 2007 y 2011.

Rubio, que ya sido destituido esta misma mañana como subdelegado del Gobierno en Valencia, consta como procesado en este asunto por su supuesta participación en la contratación irregular de personal (conocidos como trabajadores ‘zombies’), si bien ha recurrido recientemente dicho procesamiento a través de su abogado, Virgilio Latorre.

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El PP desvela registros en empresas de los socios de Francis Puig

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València, 27 may (EFE).- La síndica del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha desvelado este jueves en la sesión de control que la policía judicial ha registrado la sede de las empresas del hermano del president de la Generalitat Francis Puig y de los socios de este.

Ortiz ha anunciado que su partido va a presentar una «reclamación formal» para que el hermano del president, Ximo Puig, y sus socios devuelvan a los valencianos el dinero «defraudado» y que han recibido de forma «irregular y fraudulenta» de la Generalitat.

La síndica del PP ha indicado que están «muy de acuerdo» con que el Consell diga que persigue el dinero que se ha defraudado a los valencianos, pero ha opinado que es «incoherente» con que no lo hagan con el hermano del president y sus socios.

Ortiz ha destacado que hay «numerosas irregularidades» que se están investigando en ese dinero que se ha dado «con generosidad familiar» y que ha cifrado en «más de 2 millones de euros» al «cártel de sus hermanos».

La dirigente popular ha reclamado que la Abogacía de la Generalitat «no haga distinción entre quién se lleva el dinero» y «se persone ya» en esta causa.

En el turno de repreguntas, el diputado del PP Miguel Barrachina ha pedido «explicaciones» sobre esas ayudas, a lo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, le ha replicado que el PP lleva 900 peticiones de información sobre este asunto, de las que ya se le han respondido la mitad.

Soler ha reprochado que estas cuestiones las plantee «el partido más corrupto de la historia de España» y ha destacado que esta es la decimoctava sesión de control en la que piden clarificaciones sobre este asunto, aunque ahora le ha tocado hacerlo a un «hijo político de Carlos Fabra».

El PP ha facilitado un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de València del 21 de mayo por el que se desestima el recurso interpuesto por Francis Puig, Canal Maestrat, Kriol Produccions, Nova, Enrique Adell Bover y TVCS Retransmisiones contra registros efectuados en ellas.

Los recurrentes señalaban que considera esa la actuación es «desproporcionada», y que si se les hubiera dado traslado «se podría haber evitado el desplazamiento de la Guardia Civil», porque no tienen «inconveniente alguno en aportar cuantas facturas» les sean requeridas.

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