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Consumo

La venta de viviendas sube un 72 % en agosto en la Comunitat

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Madrid/València, 8 oct (EFECOM).- La compraventa de viviendas sumó 7.339 operaciones en agosto en la Comunitat Valenciana, un 72 % más que en el mismo mes de 2020, lo que supone 183 viviendas por cien mil habitantes, la proporción más alta por autonomías.

En el conjunto nacional la compraventa de viviendas alcanzó las 49.884 operaciones el pasado agosto, un 57,9 % más que en el mismo mes de 2020 y el máximo en un mes de agosto desde 2007.

La venta de casas de segunda mano, que encadena seis meses al alza, se incrementó un 62,6 %, mientras que la de vivienda nueva, que lleva siete meses creciendo, aumentó un 40,9 %, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, en agosto de 2021 se vendieron 4.183 viviendas protegidas, la cifra más elevada desde julio de 2019.

En los ocho primeros meses del año la venta de casas ha aumentado un 37,2 %, en mayor medida la de obra nueva (43,4 %) que la usada (35,7 %).

Respecto al mes anterior, cuando la venta de casas también batió récord con la cifra más elevada desde abril de 2008 (50.258 operaciones), se produce un leve descenso del 0,7 %.

Las comunidades que presentan los mayores incrementos anuales en el número de compraventas de viviendas en agosto son La Rioja (84,8 %), Comunidad de Madrid (77,3 %) y Comunitat Valenciana (72 %).

Por su parte, registran los menores aumentos el País Vasco (8,3 %), Cantabria (20 %) y Extremadura (21 %).

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Consumo

Multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por prácticas abusivas a inquilinos

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Alquiler seguro

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por aplicar prácticas abusivas en sus contratos de alquiler, tras rechazar el recurso presentado por la compañía.

La decisión, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, pone fin al expediente sancionador iniciado en 2025 y obliga además a la empresa a modificar sus contratos.

Una sanción millonaria por vulnerar derechos de los inquilinos

La sanción se produce tras una investigación impulsada por organizaciones como FACUA Consumidores en Acción, OCU y el Sindicato de Inquilinas-CECU, que denunciaron posibles abusos contra arrendatarios.

Según Consumo, la empresa —que gestiona más de 26.000 viviendas y 60.000 inquilinos en España— aprovechó su posición en el mercado para imponer condiciones contrarias a la normativa de protección al consumidor.

Las prácticas abusivas detectadas

El Ministerio ha identificado varias irregularidades en los contratos de alquiler:

  • Obligación de contratar un servicio de atención al inquilino (SAI)
  • Imposición de un seguro del hogar en beneficio del propietario
  • Cobro de gastos por reclamaciones incluso cuando no correspondían al inquilino
  • Cargos por actuaciones judiciales sin condena en costas
  • Inclusión en ficheros de morosos sin deudas exigibles
  • Eliminación del derecho de desistimiento

Estas condiciones, según Consumo, no eran opcionales en la práctica, sino un requisito para acceder a la vivienda.

Desglose de la multa

La sanción total de 3,6 millones se compone de:

  • Dos infracciones muy graves:
    • 1.000.000 €
    • 990.900 €
  • Tres sanciones adicionales de 500.000 €
  • Una de 100.001 €
  • Una infracción grave de 10.001 €

La empresa recurrirá la decisión

Desde Alquiler Seguro han negado las acusaciones y consideran la multa “desproporcionada”. Su presidente, Antonio Carroza, ya adelantó que la compañía acudirá a la vía contencioso-administrativa para recurrir la resolución.

La empresa defiende que sus procesos están auditados y que algunos tribunales ya le han dado la razón en casos anteriores relacionados con la devolución del servicio de atención al inquilino.

Obligación de corregir los contratos

Además de la sanción económica, el Ministerio ha ordenado a la empresa:

  • Eliminar las cláusulas abusivas
  • Modificar sus contratos de alquiler
  • Hacer pública la sanción impuesta

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la protección de los inquilinos y frenar prácticas irregulares en el mercado del alquiler.


 

 

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