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Las autonomías piden más medidas: confinamientos o ampliar toque de queda

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Varias comunidades, entre ellas Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP, quieren que el Gobierno modifique el decreto que prorroga hasta mayo el estado de alarma para poder ordenar confinamientos domiciliarios o ampliar el toque de queda nocturno ante el avance de la pandemia.

El real decreto establece que las comunidades podrán ordenar cierres perimetrales, limitar el numero de personas que pueden reunirse y prohibir la circulación de personas entre las 23:00 y las 6:00 horas, una limitación que pueden adelantar o retrasar en una hora.

Los presidentes de Galicia y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco, han reclamado este viernes que el Gobierno habilite un mecanismo que autorice a las autonomías a imponer medidas más estrictas como confinamientos domiciliarios a nivel municipal o provincial o toques de queda más largos.

El Gobierno de Castilla y León ha acordado además adelantar de las 22:00 a las 20:00 horas el toque de queda, el cierre perimetral por provincias y limitar las reuniones a cuatro personas no convivientes desde mañana sábado y en lo que dure el estado de alarma, que concluye el 9 de mayo.

El vicepresidente de esta comunidad, Francisco Igea, ha explicado que el decreto del estado de alarma permite a las Comunidades limitar el toque de queda durante el horario nocturno y los servicios jurídicos de la Junta entienden que ese horario nocturno es el que va «desde el ocaso hasta el amanecer» y, por tanto avala ese limite de las 20.00 horas.

Hasta ahora, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado que esté sobre la mesa del Ejecutivo un posible confinamiento de la población y ha insistido en que cumplir las restricciones que establecen las comunidades es «la única manera de doblegar la curva» de contagios de la pandemia.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, reveló ayer que en el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles varias comunidades reclamaron que el Gobierno tuviera al menos «preparada» la posibilidad de reformar el real decreto de estado de alarma para así poder «aplicarla en el momento que fuera necesario».

«Si ellos no se van a implicar en la gestión de esta pandemia, que nos dejen a las comunidades tomar decisiones y que, al menos, hagan una reforma del estado de alarma para que las comunidades podamos decretar ese confinamiento domiciliario», aseveró.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha pedido a los ciudadanos que no esperen a que las autoridades dicten dicha medida y ha llamado a la población a que se autoconfinen por el aumento «explosivo» de positivos por covid-19.

Igualmente, ha recordado la petición formulada en la reunión con Sanidad de que el Gobierno «al menos tuviera un plan» para decretar un confinamiento «o bien parcial o bien global» para detener la tercera ola.

Además de las regiones gobernadas por el PP, comunidades como el País Vasco o Asturias también se han mostrado favorables a modificar el real decreto de estado de alarma para que otorgue mayores facultades a las autonomías y poder así endurecer las restricciones.

El Principado de Asturias, gobernado por el PSOE, se sumó a las otras regiones para pedir en el Consejo Interterritorial la capacidad de establecer confinamientos domiciliarios localizados si hiciera falta, según explicó el miércoles el consejero de Salud asturiano, Pablo Fernández.

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado este viernes que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya ha solicitado «dos o tres veces» al Gobierno la posibilidad de modificar el toque de queda para así poder establecerlo «a las ocho o a las seis de la tarde».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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