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Las ayudas a las productoras de la familia de Ximo Puig salpican a cuatro Consellerias

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La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) Eva Ortiz, ha señalado este martes que las ayudas a las productoras de la familia del President de la Generalitat, Ximo Puig, ya implican a cuatro Consellerias: Justicia, Turismo, Educación y Presidencia, a dos comunidades autónomas y ya cuenta con el primer alto cargo del Consell a punto de declarar en el juzgado.

Eva Ortiz se ha referido de esta manera a la reciente citación del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano por la concesión de ayudas “poco claras” a los hermanos del President.

La secretaria general del PPCV ha recordado que se trata de unas ayudas “que están en el punto de mira por haber recibido ofertas que ahora se investigan y en las que estaban de forma directa o indirecta los hermanos de Puig. “Están en todas las salsas”, ha añadido. Así, ha manifestado que en este caso “se deben muchas explicaciones, y el primero que debe hablar, ante el silencio de Puig, es el director de Política Lingüística, mano derecha del conseller Marzà, que en breve entrará en el juzgado para explicar algo que Puig se niega a explicar”.

Eva Ortiz ha indicado que además de las cuatro consellerias, hay también dos comunidades autónomas implicadas, ya que las empresas ligadas a la familia Puig recibieron ayudas tanto de la Comunitat Valenciana como de la Generalitat de Cataluña. Además, hay cinco organismos públicos que han denunciado o investigan dichas ayudas, entre ellos varios tribunales de Justicia o la cadena pública À Punt, que tuvo que paralizar una ayuda al detectar que pactaron precios, la Agencia Valenciana Antifraude o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

En este contexto, Eva Ortiz ha señalado que los empresarios de las productoras de televisión excluidas de un concurso de À Punt por pactar precios e investigadas por Antifraude y la dirección general de Política Lingüística al parecer intentaron recibir ayudas de las consellerias de Justicia y Turismo a través de una asociación de vecinos. “Esta es una historia de intrigas, empresas paralelas, pactos en la sombra y dinero público ensuciado con artimañas que comprometen la gestión de Puig”, ha advertido.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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