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Las ayudas a las productoras de la familia de Ximo Puig salpican a cuatro Consellerias

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La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) Eva Ortiz, ha señalado este martes que las ayudas a las productoras de la familia del President de la Generalitat, Ximo Puig, ya implican a cuatro Consellerias: Justicia, Turismo, Educación y Presidencia, a dos comunidades autónomas y ya cuenta con el primer alto cargo del Consell a punto de declarar en el juzgado.

Eva Ortiz se ha referido de esta manera a la reciente citación del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano por la concesión de ayudas “poco claras” a los hermanos del President.

La secretaria general del PPCV ha recordado que se trata de unas ayudas “que están en el punto de mira por haber recibido ofertas que ahora se investigan y en las que estaban de forma directa o indirecta los hermanos de Puig. “Están en todas las salsas”, ha añadido. Así, ha manifestado que en este caso “se deben muchas explicaciones, y el primero que debe hablar, ante el silencio de Puig, es el director de Política Lingüística, mano derecha del conseller Marzà, que en breve entrará en el juzgado para explicar algo que Puig se niega a explicar”.

Eva Ortiz ha indicado que además de las cuatro consellerias, hay también dos comunidades autónomas implicadas, ya que las empresas ligadas a la familia Puig recibieron ayudas tanto de la Comunitat Valenciana como de la Generalitat de Cataluña. Además, hay cinco organismos públicos que han denunciado o investigan dichas ayudas, entre ellos varios tribunales de Justicia o la cadena pública À Punt, que tuvo que paralizar una ayuda al detectar que pactaron precios, la Agencia Valenciana Antifraude o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

En este contexto, Eva Ortiz ha señalado que los empresarios de las productoras de televisión excluidas de un concurso de À Punt por pactar precios e investigadas por Antifraude y la dirección general de Política Lingüística al parecer intentaron recibir ayudas de las consellerias de Justicia y Turismo a través de una asociación de vecinos. “Esta es una historia de intrigas, empresas paralelas, pactos en la sombra y dinero público ensuciado con artimañas que comprometen la gestión de Puig”, ha advertido.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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