Madrid, 12 mar (EFE/Ramiro Fuente).- Las estrategias de desinformación encontraron hace un año, con el confinamiento decretado por el estado de alarma, terreno abonado para una rápida propagación de nuevos contenidos falsos o engañosos con implicaciones políticas o sociales y, en algunos casos, con fines abiertamente delictivos.

A raíz del cambio drástico en la vida de los españoles que supuso aquella situación inédita frente a la pandemia de covid-19, los ciudadanos se vieron bombardeados a través de WhatsApp, Twitter y Facebook por multitud de mensajes en los que resultaba difícil distinguir dónde acababa la realidad y empezaba el engaño.

PRISIÓN PARA QUIEN SALGA A LA CALLE SIN CAUSA JUSTIFICADA

Los bulos con más repercusión del recién estrenado confinamiento fueron los que aprovecharon el carácter excepcional de un estado de alarma para hacer creer en penalizaciones inexistentes.

Así, tan pronto como entró en vigor el decreto del 14 de marzo de 2020, se difundió en WhatsApp y redes sociales un falso comunicado oficial en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba posibles penas de prisión para quienes salieran de sus casas sin una justificación médica o laboral.

Y no solo eso: También hubo quien suplantó la cuenta de Twitter de la Agencia EFE para afirmar que el Ejecutivo impondría multas de 300.000 euros por trasladarse de una Comunidad Autónoma a otra, cuando las limitaciones a los movimientos de personas no distinguían entre comunidades. Y quien difundió un audio que daba por hecho un inminente estado de excepción con «el Ejército en la calle».

Esta grabación anunciaba asimismo el cierre de todos los supermercados, una medida falsa a la que una cadena de WhatsApp viralizada a finales de marzo ponía incluso fecha: «… a partir de este mismo miércoles». Por aquellos días, otro mensaje inventaba un decreto que prohibía a los ciudadanos salir de sus domicilios después de las tres de la tarde.

UNA APP PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS ESPAÑOLES

La desinformación también funcionaba en sentido contrario, con la propagación en abril de inexistentes relajaciones del confinamiento, como un falso real decreto que autorizaría a salir a correr «a aquellas personas que habitualmente practican deporte» y otro que supuestamente autorizaba la reapertura de comercios y hoteles.

En ambos casos, el impacto fue mayor porque se basaban en montajes que simulaban publicaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero también obtuvo amplia difusión a mediados de abril un documento que muchos tomaron por un plan gubernamental para la desescalada en seis fases, de abril a octubre, cuando no era más que la visión personal de un usuario de LinkedIn.

Otra categoría nueva de falsedades que proliferó con el confinamiento fue la del supuesto uso de la tecnología para controlar a la población. Y en ese ámbito dieron mucho juego las tergiversaciones informativas sobre la aplicación de móvil que se acabaría llamando Radar Covid.

Al principio alarmaron con un falso «reglamento del Ministerio del Interior» que autorizaba a intervenir conversaciones telefónicas, pero ya en marzo manipularon una orden de Sanidad para hacer creer que una aplicación controlaría los movimientos de los españoles. Y en junio circulaban instrucciones para bloquear en los móviles la aplicación «instalada en secreto por Google» para vigilar a los usuarios.

UTILIZAN EL BOE PARA FAVORECER OKUPAS Y MANIPULAR EL CENSO

En el mismo contexto conspirativo de un «Estado policial» triunfaron mensajes sobre un supuesto uso político de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones críticas. Esa estrategia cuajó en mayo, cuando se presentaron intervenciones de la Policía frente a quienes incumplían las medidas preventivas como persecuciones por llevar banderas de España o protestar con cacerolas.

También se propagaron con éxito falsas interpretaciones del BOE que aseguraban que el Gobierno había aprovechado el estado de alarma para cambiar las normas de empadronamiento con el fin de favorecer a los okupas o de «manipular el censo» y «comprar votos».

En el terreno económico, destacaron bulos relacionados con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como que los trabajadores afectados tendrían que devolver parte de lo cobrado o que el Ejecutivo pedía «donativos» a las empresas españolas y que había ofrecido a la UE rebajas salariales y recortes de pensiones a cambio de las ayudas comunitarias frente a la pandemia.

ESTAFAS Y ROBOS AL CALOR DE LA CRISIS SANITARIA

La inédita experiencia del confinamiento general inaugurado hace un año fue además terreno abonado para la proliferación de todo tipo de estafas y fraudes dirigidos a usuarios de móviles, portátiles y otros dispositivos conectados a internet, cuya utilización había ganado protagonismo en la vida de los españoles al verse obligados a pasar gran parte del tiempo sin moverse de casa.

En los primeros días ya se detectaron robos perpetrados por delincuentes que se presentaban en domicilios como supuestos técnicos de Sanidad, policías o voluntarios de Cruz Roja para inspeccionar el cumplimiento de las normas o identificar infectados. También para llevarse billetes y monedas por ser transmisores de contagios.

No menos peligrosos fueron los numerosos casos de «phishing» (técnica usada por ciberestafadores que suplantan la identidad de páginas conocidas por el usuario para acceder a sus datos confidenciales): Los delincuentes pedían por WhatsApp o correo electrónico nombres, códigos o contraseñas con el señuelo de poder acceder a un ingreso económico o los más variopintos beneficios.

Cobrar una prestación del ERTE, recibir ayudas alimentarias de la ONU, Cáritas o Cruz Roja, ingresar una subvención oficial, obtener un vale de descuento de Mercadona, beneficiarte de gasolina gratis en Repsol, de una suscripción a Netflix o de dos meses con internet sin coste… Esos eran algunos de los reclamos que se extendieron como la pólvora para captar datos personales de los españoles.

La imaginación de los estafadores les llevó incluso a pedir datos confidenciales de los usuarios con engaños como que podrían «evitar la suspensión» de su negocio mediante un correo dirigido a la Agencia Tributaria, pagar una multa de tráfico sin salir de casa o descargarse en el móvil una inexistente app «Coronavirus Finder» que les permitiría esquivar a personas infectadas.

FUMIGAN DESDE EL CIELO Y NARCOTIZAN CON GEL EN LAS CALLES

Por último, una situación tan excepcional fue caldo de cultivo para la propagación de numerosas alarmas injustificadas. Una de las primeras y más extendidas, nada más decretarse el estado de alarma, fue la de que helicópteros fumigarían de noche poblaciones españolas con desinfectante, por lo que más valía estar dentro de casa con las ventanas cerradas.

El bulo resucitó un mes más tarde al tergiversar otra publicación del BOE: Una Orden de Sanidad que autorizaba a las Fuerzas Armadas a rociar con productos químicos espacios cerrados y que los desinformadores convirtieron en una norma que «permite fumigar desde aviones a la población».

Pero también se metió el miedo en el cuerpo de los ciudadanos con la falsedad recurrente de que una banda de delincuentes se hacía pasar por una ONG médica llamada «Manos Limpias» y narcotizaba a los viandantes con un falso gel desinfectante para robarles. Y con la advertencia, también sin base alguna, contra otra supuesta banda criminal que fingía repartir mascarillas para asaltar viviendas.

La desinformación jugó a menudo además con el desconcierto ciudadano ante una regulación de sus vidas nunca vista y convenció a muchos incluso de que las aseguradoras iban a dejar de cubrir las pólizas de accidentes de automóvil durante el estado de alarma.

En cuanto a la transmisión del SARS-CoV-2, logró una importante repercusión tanto el bulo de que los comercios chinos en Madrid habían vuelto a cerrar tras un brote en Pekín como otros dos con tintes políticos de distinto signo: que los musulmanes incumplían el confinamiento para rezar juntos en azoteas y que hubo un rebrote del virus tras las protestas contra el Gobierno en el barrio madrileño de Salamanca.