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Las farmacias valencianas venden 115.900 test de antígenos entre 26 julio y 1 agosto

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Archivo/EFE/Irene Barahona / Andrea Caballero de Mingo

Madrid/València, 9 ago (EFE).- Las farmacias de la Comunitat Valenciana vendieron un total de 115.912 test de autodiagnóstico para detectar la covid durante la semana del 26 de julio al 1 de agosto, según el informe de seguimiento de ventas elaborado por la consultora de salud IQVIA.

El total de test de antígenos vendidos en las oficinas de farmacia en España en la citada semana, según el mismo informe, ha sido de 1.081.554 unidades, muchos de ellos debido a la obligatoriedad de esta prueba para viajar a determinados países.

El suministro de test de antígenos en farmacias ya no peligra y tras el pico de ventas de finales de julio, las farmacias se han aprovisionado anticipándose a una posible falta de existencias.

Esta cifra de ventas de la última semana de julio supone el 46 por ciento del total de test suministrados en farmacias de todo el territorio nacional en lo que va de año, un total de 2.327.447.

La alta demanda de estos test de autodiagnóstico y el miedo a una falta de suministro, tras el pico de la semana del 19 al 25 de julio, ha hecho reaccionar a las farmacias pero también a los proveedores que en estas semanas (desde que el 20 de julio el Gobierno aprobó el suministro sin receta) aumentaron en un 40 %, según datos de la consultora.

Del más de un millón de unidades vendidas la semana 30 (del 26 de julio al 1 de agosto), 212.369 correspondieron a farmacias catalanas; 207.074 a Andalucía; 148.044 a las de la Comunidad de Madrid; 115.912 a la Comunitat Valenciana y 91.093 a Galicia.

En el País Vasco se vendieron 50.028 unidades; en Castilla y León, 48.676; en Castilla-La Mancha, 36.457; en Baleares, 30.985; en Aragón, 28.324; en Canarias, 27.362; en Asturias, 18.349; Murcia, 17.550; Cantabria, 14.707; Extremadura, 13.047; La Rioja, 11.225 y Navarra, 10.404.

Si se repite esta demanda las semanas siguientes, las farmacias de la mayoría de las comunidades dispondrán de existencias suficientes.

Solo en cinco autonomías (País Vasco, Canarias, Baleares, Cantabria y La Rioja) las ventas superan a las existencias.

No obstante y según la consultora, la situación solo es preocupante en Canarias, por la situación geográfica y las mayores dificultades para proveerse.

En la semana 30 se vendieron en las farmacias del archipiélago canario 27.362 unidades de antígenos, y el stock para la próxima es de solo 9.000 unidades.

En el resto de comunidades las diferencias son menos significativas. En el País Vasco, donde se vendieron 50.028 unidades de antígenos en la semana citada, las existencias con las que enfrentan los próximos días asciende a 44.278 mientras que en Baleares, se vendieron 30.985 test y el ‘stock’ está en 27.420.

En Cantabria y La Rioja las diferencias son aún menores. Las farmacias de la primera vendieron del 26 de julio al 1 de agosto 14.707 unidades y cuentan con existencias por valor de 13.719 y en La Rioja, se suministraron 11.225 y les quedan 11.015.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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