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Valencia

Las primeras ayudas del Plan Resiste, préstamos bonificados, empiezan este jueves

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EFE/Ana Escobar

València, 20 ene (EFE).- El primer tramo de ayudas del Plan Resiste, destinado a los sectores económicos más afectados por la pandemia, estará disponible a partir de este jueves y consistirá en una línea de préstamos bonificados del Instituto Valenciano de Finanzas por un total de 50 millones de euros.

Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión que ha mantenido este miércoles con el conseller de Hacienda, Vicent Soler; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el director del IVF, Manuel Illueca, para analizar la puesta en marcha de este plan de choque.

Los préstamos bonificados que se ponen en marcha este jueves tienen tramos no reembolsables de hasta el 30 %, de manera que por ejemplo en un crédito de 30.000 euros se tendrán que devolver 21.000 y el resto lo asume como ayuda directa a la empresa la propia Generalitat.

Puig ha destacado la importancia del plan Resiste, que es el mayor esfuerzo en ayudas para los sectores de hostelería, restauración y ocio que ha realizado ninguna comunidad autónoma, y que está dotado con 340 millones de euros.

Asimismo, ha resaltado la rapidez con la que se ha puesto en marcha este primer tramo de ayudas del plan, más en el contexto de las nuevas restricciones a estos sectores aprobadas por el Consell para intentar frenar la pandemia de coronavirus.

Puig ha señalado que con estos primeros créditos subvencionados se intenta ayudar a las empresas para pasar este «tránsito» en este momento de «gran dificultad», para sacar adelante el objetivo de que ninguna de las empresas que eran rentables en 2019 «hoy tenga que caer» por la situación que ha generado la covid.

«Lo importante es salvar estas empresas, salvar los puestos de trabajo, salvar las oportunidades de miles de y miles de personas que hoy, desgraciadamente, en esta situación están sufriendo», ha afirmado Puig, quien ha hecho hincapié en que esta medida supone «la respuesta inmediata que es exigible en este momento».

Esta línea de financiación bonificada dirigida a los autónomos y pymes de los sectores económicos más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia, denominada Horeca por las siglas de los sectores a los que se dirige, permite que los beneficiarios tengan liquidez inmediata mediante préstamos bonificados por importe de entre 15.000 y 750.000 euros.

Desde este jueves, y a través de la web del IVF, las empresas interesadas en estos préstamos bonificables podrán acceder de manera telemática a solicitar un préstamo cuya devolución es a cinco años, con uno de carencia, y un tipo de interés simbólico, de euríbor +0,5 %, según fuentes de la Generalitat.

Los préstamos incorporan una ayuda (tramo no reembolsable) de hasta el 30 % del valor nominal del préstamo, con lo que un préstamo de 30.000 euros tendrá una ayuda por valor de 9.000 euros; un préstamo de 250.000 una ayuda de 42.000 euros; un préstamo de 500.000 una ayuda de 54.500; y un préstamo de 750.000 euros una ayuda de 60.750 euros.

Los porcentajes de bonificación marginales son del 30 % para los primeros 30.000 euros; del 15 % hasta 250.000; del 5 % hasta 500.000 euros y del 2,5 % en el último tramo marginal, hasta 750.000 euros.

Un total de 21 sectores se pueden acoger a estos préstamos, entre ellos el transporte por taxi, hoteles, alojamientos turísticos, cámpines, restaurantes y puestos de comida, establecimientos de bebidas, agencias de viajes, operadores turísticos, gimnasios, cines, teatros, salas de espectáculos o actividades recreativas y de entretenimiento, entre otros.

Según el Consell, con esta línea se proporciona en un solo trámite administrativo la liquidez urgente que precisan las empresas y, a la vez, una ayuda directa para compensarles por las restricciones sanitarias aprobadas.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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