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Las reacciones políticas al fraude fiscal protagonizado por Màxim Huerta
Publicado
hace 8 añosen
PEDRO SÁNCHEZ
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está tranquilo tras escuchar las explicaciones que el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha aportado sobre las dos sentencias que en mayo de 2017 le impusieron una multa por haber defraudado a Hacienda 218.322 euros a lo largo de tres ejercicios fiscales, durante su etapa de colaborador en un programa de televisión.
Según una información revelada por ‘El Confidencial’, de acuerdo con las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Huerta tributó por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, como debería haber hecho, eludiendo así «los tipos impositivos progresivos y más elevados de IRPF» y «engrosando además indebidamente el capítulo de gastos».
Desde el Gobierno, un portavoz subraya que el ministro valenciano pagó lo que debía a Hacienda y, a diferencia de lo que ocurrió con la polémica en torno al máster obtenido de manera fraudulenta por la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a las pocas horas de salir la información el ministro concedió dos entrevistas a dos emisoras de radio generalistas para dar las explicaciones oportunas.
El Ejecutivo, añade la misma fuente, se da por satisfecho con las explicaciones de Huerta y atribuye las reacciones desde PP y Podemos pidiendo el cese del titular de Cultura a un intento de generar ruido.
Nada más escuchar las explicaciones de Huerta, un portavoz de Moncloa ya consideraba «totalmente solventes» las aclaraciones aportadas por el ministro.
MANOLO MATA – VICESECRETARIO DEL PSPV
El vicesecretario del PSPV y síndic de esta formación en Les Corts, Manolo Mata, ha manifestado este miércoles que no le parece «especialmente grave» la condena al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, «al no ser un delito». No obstante, ha puntualizado: «Lo que me parece dudoso es si llegó a poner en conocimiento del presidente del Gobierno esa circunstancia para que se hubiera valorado su nombramiento».
Así lo ha indicado Mata a los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, en relación a la información que publica ‘El Confidencial’ que apunta que Huerta fue condenado en dos sentencias emitidas en mayo de 2017 por infracción del artículo 191.1 de la Ley 58/2003 «por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación de tributo», como consecuencia de la presentación incorrecta de la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a los tres ejercicios 2006, 2007 y 2008.
Al respecto, ha subrayado que el actual ministro «no ha cometido ningún delito», sino que «tuvo unas discrepancias con Hacienda en unas declaraciones de hace 12, 11 y 10 años, ha estado pleiteando en vía administrativa y finalmente ha pagado». A su juicio, es «llamativa» la cantidad que tuvo que abonar porque «sus ingresos son muy altos» dado que es «un escritor famoso y un gran comunicador».
«A mí ahora lo que me parece dudoso es si llegó a poner en conocimiento del presidente del Gobierno esa circunstancia para que se hubiera valorado su nombramiento, pero más allá de eso al no ser un delito no me parece especialmente grave», ha zanjado.
PODEM
El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha considerado este miércoles que el ministro de Cultura, Màxim Huerta, debe dimitir si se confirman las dos condenas por una presentación incorrecta de la autoliquidación del IRPF de los ejercicios 2006, 2007 y 2008. «No es tolerable que se permita en esta nueva mayoría en el Congreso actuaciones que puedan asimilarnos a las del PP», ha señalado.
Así lo ha indicado Estañ a los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, en relación a la información que publica ‘El Confidencial’ que apunta que Huerta fue condenado en dos sentencias emitidas en mayo de 2017 por infracción del artículo 191.1 de la Ley 58/2003 «por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación de tributo», como consecuencia de la presentación incorrecta de la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a los tres ejercicios 2006, 2007 y 2008.
Al respecto, ha admitido que esta situación «preocupa» dado que se trata de un miembro de un Consejo de Ministros que «se acaba de formar» y en el que «ha primado la escenificación y lo simbólico» y, por tanto, «que comience con una noticia así no es nada positivo», ha agregado.
A su juicio, de confirmarse las sentencias «debería dimitir» porque «no es tolerable que se permita en esta nueva mayoría en el Congreso actuaciones que puedan asimilarnos a actuaciones del PP», ha indicado para reprobar que «un ministro use ingeniería fiscal para pagar menos a Hacienda». «Pensamos que no es de recibo y debe dar las explicaciones pertinentes y si se confirma, dimitir», ha zanjado.
CIUDADANOS
La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha afirmado este miércoles que espera escuchar «qué es lo que tiene que decir» el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, tras conocerse que fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. «Que sea sincero y aporte luz», ha pedido.
En declaraciones a los medios, ha señalado que esa condena se refiere a una «etapa laboral previa» y lo importante es que Huerta dé explicaciones sobre «qué pasó, cómo pasó y si está resuelto».
«Lo principal es la transparencia, conocer cuál es su visión», ha dicho, confiando en que el ministro sabrá afrontar esa responsabilidad.
Ante la pregunta de si cree que una persona condenada por fraude fiscal puede ser ministro, ha indicado que esa decisión «no corresponde» a Ciudadanos, sino al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha indicado que Cs en el Congreso se posicionará una vez se den explicaciones, que espera se produzcan «cuanto antes».
COMPROMÍS
El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha pedido al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, que dé explicaciones «pronto» en el parlamento y que sean «claras» para que su grupo en el Congreso pueda posicionarse, y ha admitido que hasta ahora las que se han dado le han parecido «insuficientes».
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Les Corts al ser preguntado por el hecho de que el ministro fuera condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión.
Ferri también ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue nombrado como tal en una moción de censura en la que recibió apoyo de otros grupos, como Compromís, y espera, por tanto, que «sepa escuchar» y tenga en cuenta esas opiniones a la hora de tomar «la decisión correcta».
Preguntado sobre si podrían pedir la dimisión del ministro, ha señalado que no descartan «ninguna posibilidad» y sobre si ve estético que haya sido condenado ha admitido que «no queda demasiado bien». En todo caso, ha incidido en que le gustaría saber «cuál es el trasfondo» del asunto con explicaciones por su parte.
PPCV
La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha afirmado este miércoles que el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, «ya debería haber dimitido» o haber sido cesado si en el PSOE son «coherentes, responsables y se aplican aquello que van predicando».
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Les Corts al ser preguntada por el hecho de que el ministro fuera condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión.
«Un ministro condenado por fraude fiscal huelga decir que no solo tiene que dimitir, si no lo hace Pedro Sánchez, por coherencia y responsabilidad, debería cesarle», ha indicado.
No obstante, Ortiz ha señalado que no tienen «muchas esperanzas» en esa responsabilidad y coherencia, pero ha advertido: «Luego será difícil pedirle a los españoles que sean coherentes con las declaraciones de Hacienda».
PABLO IGLESIAS
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya de forma «inmediata» al nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, si este no dimite, tras hacerse públicas las sentencias que le condenan por fraude fiscal. Asimismo, ha avisado de que si no es cesado, su grupo se planteará pedir su reprobación en el Congreso.
«Nosotros no vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del PP. Si el señor Huerta trató de defraudar a Hacienda, tiene que dimitir inmediatamente y si no, Pedro Sánchez le tiene que destituir», ha sentenciado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, en relación con la información publicada este miércoles por ‘El Confidencial’.
En esta línea, Iglesias ha afirmado que si «efectivamente se confirma» que las sentencias que condenaron al ministro en 2017 «acreditan una voluntad inequívoca de fraude», Huerta «tiene que abandonar el banco azul ya».
«Nosotros vamos a ser clarísimos. Apoyo al Gobierno en las cosas justas que haga, y cuando sea capaz de demostrar que se puede gestionar de manera distinta al PP, pero España no se puede permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga ministros reprobados como los tenía el Gobierno del PP», ha avisado.
SI NO DIMITE, VE «RAZONABLE» PEDIR LA REPROBACIÓN
A este respecto, Iglesias ya ha avanzado que en el caso de que Sánchez no aparte a Huerta, su grupo parlamentario considera «razonable» pedir su reprobación en el Congreso, porque «un ministro que ha defraudado a Hacienda no debe ser ministro», y más cuando el Gobierno del que forma parte es consecuencia de «una moción de censura contra la corrupción».
«Estoy seguro de que Pedro Sánchez es consciente de que su Gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción y que más tarde o más temprano cesará a Huertas. Esperamos que Sánchez rectifique, porque tiene que dimitir o debe ser destituido de inmediato», ha enfatizado.
En la misma línea que Iglesias, la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, ha defendido que «lo que exige la España de cambio que ha echado al PP y ha hecho posible este Gobierno» es que Huertas dimita o sea destituido si efectivamente «defraudó a Hacienda».
«Nosotras no vamos a comportarnos como el PP, pero el ministro Màxim Huerta debe dar explicaciones. Si defraudó a Hacienda, debe dimitir o ser destituido de inmediato», ha afirmado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.
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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares
Publicado
hace 3 minsen
27 enero, 2026
El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.
El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.
A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes
La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:
-
Certificado de empadronamiento
-
Informes médicos
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Envíos de dinero
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Billetes de transporte u otros justificantes
Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.
Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse
Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.
Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.
Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano
La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.
Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos
El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.
Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.
Plazos y proceso de solicitud
Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.
Impacto en la política migratoria española
Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.
La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.
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