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Las universidades españolas han tenido 33 brotes de coronavirus desde el inicio del curso

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Evacuada Politécnica Valencia incendio

(EFE/Official Press).- Desde el inicio del curso, en las universidades españolas se han producido 33 brotes de coronavirus que han afectado a once centros universitarios. A día de hoy se mantienen activos 2.455 casos  entre estudiantes, docentes y resto del personal.

Los datos han sido facilitados por el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, que ha explicado que corresponden a una encuesta a la que han contestado 46 universidades (el 60,5 % del total), que representan a cerca de 1.100.000 personas de la comunidad universitaria.

En España estudian más de 1.630.000 estudiantes y hay casi 123.000 docentes e investigadores en 82 universidades. El número de casos activos suponen 239,3 casos por cada cien mil habitantes, una cifra inferior a la media española, ha recalcado Villamandos.

En los Colegios Mayores ha habido 16 brotes, pero en la gran mayoría de los casos no han estado relacionados con las universidades sino con actividades en los propios centros. En la Comunitat Valenciana se produjeron tres de esos brotes, dos en València y uno en Castelló.

El presidente de la CRUE ha valorado los sistemas de rastreo implantados en las universidades para limitar los contactos estrechos una vez notificado un caso positivo de covid, y ha subrayado que solo ha habido que cerrar temporalmente algún curso o alguna facultad.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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