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Les Corts aprueba por unanimidad la modificación del Estatuto de las personas con discapacidad

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VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad la modificación del Estatut de las personas con discapacidad para adecuarlo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2008.

Se modifica así una norma de 2003 en cuanto a la terminología, sustituyendo por ejemplo las referencias a «minusvalía» por «discapacidad», los verbos «padecer/sufrir» por «tener/presenta» o apostando por la «inclusión» frente a la «integración». También incorpora el nuevo enfoque que recoge la convención de la ONU en cuanto a los derechos de estas personas.

La socialista Concha Andrés ha explicado que se reafirma así la universalidad de una serie de principios y derechos, mientras que Mònica Álvaro (Compromís) ha resaltado que se trata de «una ley transversal que reconoce en toda su amplitud la igualdad de derechos de las personas con discapacidad», el diputado de Podemos César Jiménez ha resaltado la participación del colectivo en esta modificación y Tony Woodward (Cs) ha apuntado que se da «un punto de inflexión» en la materia, con la inclusión como eje central.

La diputada del PP María José Catalá ha manifestado su «sensación agridulce» porque «se han quedado cosas en el tintero» y ha recordado que el Consell ya modificó este estatuto a través de la ley de acompañamiento de este año cuando «lo más bonito hubiera sido respetar el consenso» que existía en torno a esta reforma.

Además, ha criticado que en esa ley de acompañamiento se hizo «una reversión encubierta, de tapadillo», del modelo de concierto con las residencias que trabajan con personas con discapacidad y ha advertido: Es momento de hacer política de discapacidad y no política con la discapacidad».

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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