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Les Corts aprueba por unanimidad la modificación del Estatuto de las personas con discapacidad

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VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad la modificación del Estatut de las personas con discapacidad para adecuarlo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2008.

Se modifica así una norma de 2003 en cuanto a la terminología, sustituyendo por ejemplo las referencias a «minusvalía» por «discapacidad», los verbos «padecer/sufrir» por «tener/presenta» o apostando por la «inclusión» frente a la «integración». También incorpora el nuevo enfoque que recoge la convención de la ONU en cuanto a los derechos de estas personas.

La socialista Concha Andrés ha explicado que se reafirma así la universalidad de una serie de principios y derechos, mientras que Mònica Álvaro (Compromís) ha resaltado que se trata de «una ley transversal que reconoce en toda su amplitud la igualdad de derechos de las personas con discapacidad», el diputado de Podemos César Jiménez ha resaltado la participación del colectivo en esta modificación y Tony Woodward (Cs) ha apuntado que se da «un punto de inflexión» en la materia, con la inclusión como eje central.

La diputada del PP María José Catalá ha manifestado su «sensación agridulce» porque «se han quedado cosas en el tintero» y ha recordado que el Consell ya modificó este estatuto a través de la ley de acompañamiento de este año cuando «lo más bonito hubiera sido respetar el consenso» que existía en torno a esta reforma.

Además, ha criticado que en esa ley de acompañamiento se hizo «una reversión encubierta, de tapadillo», del modelo de concierto con las residencias que trabajan con personas con discapacidad y ha advertido: Es momento de hacer política de discapacidad y no política con la discapacidad».

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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