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Les Corts aprueba por unanimidad la modificación del Estatuto de las personas con discapacidad

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VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad la modificación del Estatut de las personas con discapacidad para adecuarlo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2008.

Se modifica así una norma de 2003 en cuanto a la terminología, sustituyendo por ejemplo las referencias a «minusvalía» por «discapacidad», los verbos «padecer/sufrir» por «tener/presenta» o apostando por la «inclusión» frente a la «integración». También incorpora el nuevo enfoque que recoge la convención de la ONU en cuanto a los derechos de estas personas.

La socialista Concha Andrés ha explicado que se reafirma así la universalidad de una serie de principios y derechos, mientras que Mònica Álvaro (Compromís) ha resaltado que se trata de «una ley transversal que reconoce en toda su amplitud la igualdad de derechos de las personas con discapacidad», el diputado de Podemos César Jiménez ha resaltado la participación del colectivo en esta modificación y Tony Woodward (Cs) ha apuntado que se da «un punto de inflexión» en la materia, con la inclusión como eje central.

La diputada del PP María José Catalá ha manifestado su «sensación agridulce» porque «se han quedado cosas en el tintero» y ha recordado que el Consell ya modificó este estatuto a través de la ley de acompañamiento de este año cuando «lo más bonito hubiera sido respetar el consenso» que existía en torno a esta reforma.

Además, ha criticado que en esa ley de acompañamiento se hizo «una reversión encubierta, de tapadillo», del modelo de concierto con las residencias que trabajan con personas con discapacidad y ha advertido: Es momento de hacer política de discapacidad y no política con la discapacidad».

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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