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Liberan a una mujer en Alicante obligada a ejercer la prostitución por 6 euros al día

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a una pareja –un hombre y a una mujer de 44 y 45 años de edad – que explotaba sexualmente a una joven de 28 años, a la que obligaron a ejercer la prostitución durante siete años en diversos clubes de alterne de la provincia de Alicante. Los arrestados, ambos de nacionalidad rumana, tenían en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por Rumanía, y se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión por su participación en los delitos de tráfico de seres humanos y pertenencia a organización criminal. Al detenido se le imputa también un delito de agresión sexual, ya que aprovechó el cautiverio de su víctima para agredirla sexualmente en varias ocasiones.

La investigación comenzó cuando los agentes recibieron una documentación que podría haber sido falsificada, comprobando poco después que pertenecía a un fugitivo de nacionalidad rumana reclamado por las autoridades de su país por delitos relativos a la trata de seres humanos y pertenencia a organización criminal. Además, su pareja se encontraba en la misma situación, teniendo en vigor otra orden de detención por parte de las autoridades judiciales del mismo país.

Tras llevar a cabo una serie de pesquisas, los investigadores descubrieron que ambos convivían junto a una joven de 28 años a la que explotaban sexualmente desde hacía siete años en diferentes clubes de alternes de la provincia de Alicante. Averiguaron también que en algunas ocasiones la habían trasladado a La Junquera (Catalunya) para ejercer la prostitución.

Seis o siete euros al día

Al parecer, la pareja conoció a su víctima en Roma cuando ésta tenía 21 años, donde la invitaron a marcharse junto a ellos a España con la promesa de que, una vez en nuestro país, tendría trabajo, alojamiento y manutención garantizados. La joven, que aceptó la propuesta en un principio, descubrió al llegar a España que la oferta y las condiciones no eran las prometidas. Se afincaron en el municipio de Alfaz del Pi (Benidorm) donde la obligaron a ejercer la prostitución, apoderándose de todo el dinero que ganaba fruto de la explotación sexual y haciéndole entrega únicamente de seis o siete euros al día.

Una vez identificada la víctima, se desarrolló un dispositivo en el que fueron arrestados los dos presuntos autores, fugitivos en su país de origen, Rumanía, desde el año 2010. En su país natal engañaban a chicas para viajar a España bajo la falsa promesa de un contrato fijo de trabajo y una mayor calidad de vida, para luego obligarlas a ejercer la prostitución sin ningún tipo de remuneración económica. Además de delitos relativos a la prostitución y de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de tráfico de seres humanos y pertenencia a organización criminal, al hombre se le acusa de cometer un delito de falsificación documental y agresión sexual, ya que durante los años de cautiverio la agredió en repetidas ocasiones.

«Con la trata no hay trato: denúncialo»

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

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Revilla no alcanza un acuerdo con el rey Juan Carlos en el acto de conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha llegado a un acuerdo con los abogados del rey emérito Juan Carlos I durante el acto de conciliación celebrado este viernes 16 de mayo en el complejo judicial de Las Salesas (Santander). La cita judicial, previa a un posible juicio, forma parte de la demanda interpuesta por el exmonarca por unas declaraciones que considera «injuriosas».

Revilla: «No me voy a retractar, lo que dije es lo que piensa la mayoría de españoles»

A su llegada al juzgado, Revilla dejó claro que no pensaba retractarse de sus afirmaciones y que lo más probable es que el caso acabe en juicio. “Yo no me callo ante las injusticias. He dicho lo que pienso y lo que muchos españoles también opinan”, declaró ante los medios.

Tras el acto, el expresidente cántabro aseguró sentirse tranquilo y confió en la justicia. “No he mentido, solo me he hecho eco de información ya publicada en medios de comunicación”, explicó, subrayando que “muchos periodistas también podrían haber sido demandados” por difundir los mismos datos.

«Le diría al rey emérito que pida perdón y devuelva el dinero»

Revilla también lamentó que el rey Juan Carlos no se presentara al acto de conciliación, a pesar de estar en España. “Está en Sanxenxo, tiene un avión y escoltas que pagamos entre todos. Me hubiera gustado un careo con él”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué le diría al monarca si lo tuviera enfrente, Revilla fue contundente:

“Le pediría que pidiera perdón sinceramente y que repatriara todo el dinero que tiene fuera”.

A pesar de haber defendido en su momento la figura del rey durante el 23-F, Revilla no ocultó su decepción: “Su última etapa ha sido lamentable. Me ha defraudado”.

El rey emérito exige una rectificación y 50.000 euros

La defensa legal del rey Juan Carlos I, liderada por la abogada Guadalupe Sánchez, reclama a Revilla una rectificación pública de sus declaraciones y una indemnización de 50.000 euros por daño moral, que en caso de cobrarse serían donados a Cáritas. La demanda, presentada el pasado 1 de abril, alega que Revilla profirió expresiones “calumniosas e injuriosas” en diversos medios entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Un caso mediático que podría terminar en los tribunales

Este enfrentamiento legal entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla ha generado una gran expectación mediática. Todo apunta a que, ante la falta de acuerdo, el conflicto se resolverá finalmente en los tribunales.


 

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