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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2023

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Vista de una delegación de Hacienda. EFE/Ángel Díaz/Archivo

La Agencia Tributaria ha hecho pública la lista de morosos 2023. Es el décimo listado de mayores deudores a la Hacienda Pública, en la que hay algunos cambios desde diciembre de 2022, cuando se publicaron los últimos datos.

Una de las novedades más mediáticas es la José María Enríquez Negreira el excolegiado al que persigue la sombra de favores arbitrales al FC. Barcelona. En la lista aparece con una deuda de más de 1,11 millones de euros.

Nuevos morosos

También se suma a la lista el empresario siderúrgico vasco José María Aristrain han entrado en la lista de morosos con unas deudas de 653.878 y 1.265.000 euros, respectivamente.

En cuanto a cambios respecto al listado anterior, desaparecen Samuel Eto’o ni Dani Alves, este último en prisión, acusado de agresión sexual. También sale de la publicación Rodrigo Rato, incluso, el tertuliano Kiko Matamoros.

La lista de morosos de la Agencia Tributaria de 2023 incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022. Son un 13% menos que el año anterior, pero sigue dejando en evidencia a decenas de empresas que tienen deudas o sanciones millonarias por pagar.

El listado de este año recoge a 6.076 deudores, un 13,7% menos, ya que aunque han entrado 630 nuevos deudores cuya deuda suma 955 millones, otros 1.591 deudores han abandonado la lista.

Lista de morosos 2023

La mayoría de las empresas con las deudas más monstruosas están relacionadas con el ladrillo: promotoras, constructoras, inmobiliarias. Al frente de todas, Reyal Urbis, con una deuda que roza los 300 millones de euros: 293.952.612’86 euros.

Distintas filiales del grupo de comunicación Intereconomía repiten en la lista, y suman alrededor de 19 millones de euros de deuda con las arcas públicas. También sigue Prensa Universal, que debe casi 1,1 millones de euros, la que fuera editora del desaparecido Diario de Alcalá.

Repite también Luis Medina, hijo de Naty Abascal y conocido por su implicación en el llamado ‘caso mascarillas’, por el que Anticorrupción le pide 9 años de cárcel. Medina entró en la pasada publicación y se mantiene entre los mayores deudores al fisco con 651.963 euros.

Entre los nombres más famosos, repiten Paz Vega, que reduce en cambio su deuda con el fisco de los tres millones de la pasada edición a los 1,8 millones de euros. Patricia Conde aumenta en pequeña medida su deuda, alcanzando los alcanza un descubierto de 1,06 millones de euros.

 

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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