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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2023

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Vista de una delegación de Hacienda. EFE/Ángel Díaz/Archivo

La Agencia Tributaria ha hecho pública la lista de morosos 2023. Es el décimo listado de mayores deudores a la Hacienda Pública, en la que hay algunos cambios desde diciembre de 2022, cuando se publicaron los últimos datos.

Una de las novedades más mediáticas es la José María Enríquez Negreira el excolegiado al que persigue la sombra de favores arbitrales al FC. Barcelona. En la lista aparece con una deuda de más de 1,11 millones de euros.

Nuevos morosos

También se suma a la lista el empresario siderúrgico vasco José María Aristrain han entrado en la lista de morosos con unas deudas de 653.878 y 1.265.000 euros, respectivamente.

En cuanto a cambios respecto al listado anterior, desaparecen Samuel Eto’o ni Dani Alves, este último en prisión, acusado de agresión sexual. También sale de la publicación Rodrigo Rato, incluso, el tertuliano Kiko Matamoros.

La lista de morosos de la Agencia Tributaria de 2023 incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022. Son un 13% menos que el año anterior, pero sigue dejando en evidencia a decenas de empresas que tienen deudas o sanciones millonarias por pagar.

El listado de este año recoge a 6.076 deudores, un 13,7% menos, ya que aunque han entrado 630 nuevos deudores cuya deuda suma 955 millones, otros 1.591 deudores han abandonado la lista.

Lista de morosos 2023

La mayoría de las empresas con las deudas más monstruosas están relacionadas con el ladrillo: promotoras, constructoras, inmobiliarias. Al frente de todas, Reyal Urbis, con una deuda que roza los 300 millones de euros: 293.952.612’86 euros.

Distintas filiales del grupo de comunicación Intereconomía repiten en la lista, y suman alrededor de 19 millones de euros de deuda con las arcas públicas. También sigue Prensa Universal, que debe casi 1,1 millones de euros, la que fuera editora del desaparecido Diario de Alcalá.

Repite también Luis Medina, hijo de Naty Abascal y conocido por su implicación en el llamado ‘caso mascarillas’, por el que Anticorrupción le pide 9 años de cárcel. Medina entró en la pasada publicación y se mantiene entre los mayores deudores al fisco con 651.963 euros.

Entre los nombres más famosos, repiten Paz Vega, que reduce en cambio su deuda con el fisco de los tres millones de la pasada edición a los 1,8 millones de euros. Patricia Conde aumenta en pequeña medida su deuda, alcanzando los alcanza un descubierto de 1,06 millones de euros.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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