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Los trabajadores afectados por un ERTE desde marzo cobrarán la mitad en septiembre

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indemnización por despido

Los trabajadores afectados por un ERTE desde el inicio de la crisis del coronavirus pasarán a cobrar la mitad de la prestación en el mes de septiembre. La ley en vigor, que en su día aprobó el Gobierno de Mario Rajoy, así lo establece.

Según esta ley, hasta los seis meses un parado cobra el 70% de su base reguladora a la Seguridad Social. A partir de esa fecha, se pasa a cobrar el 50%. Hasta la reforma laboral de 2012 se cobraba el 60%.

Por tanto, los trabajadores afectados por los ERTE producto de la pandemia verán cómo se reduce su prestación de septiembre -la que se cobra en octubre- a la mitad de su base reguladora. Por ejemplo, si ésta era de 1.000 euros cuando estaban empleados, hasta ahora habrán ingresado unos 700 euros y desde el mes que viene serán 500.

Esta semana está prevista una reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para aprobar una cuarta prórroga, ya que los ERTE están vigentes hasta el 30 de septiembre. Los sindicatos quieren tratar el asunto en estas conversaciones.

Casi 900.000 trabajadores, 200.000 de ellos en Catalunya, continuaban afectados por un ERTE en la segunda quincena de agosto.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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