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Maje y su amante confeso del crimen de su marido en Patraix (València) se niegan a declarar en un careo

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La Audiencia deja en prisión a Maje por la muerte de su marido: ve riesgo de fuga y no duda de su implicación

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) –

María Jesús, conocida en su círculo próximo como Maje, y Salva, su amante confeso del crimen del marido de la mujer en el barrio valenciano de Patraix en agosto de 2017, se han negado a declarar en un careo que estaba previsto este viernes en el juzgado que investiga el asesinato, según ha podido saber Europa Press.

Tanto Maje como Salva han sido trasladados este viernes desde la cárcel hasta el Juzgado de Instrucción número 14 de València después de que el fiscal encargado de este procedimiento solicitara un careo entre ellos por las presuntas contradicciones en la versión de ella, quien ante la Policía afirmó que ambos planificaron el asesinato pero, después, ante el juez se desdijo y afirmó que ella no tuvo nada que ver.

En el careo de hoy, Maje y Salva no han querido declarar y el ministerio público y la acusación particular han aprovechado para reproducir las preguntas y argumentos que tenían previsto plantearles en este acto, en el que él ha permanecido en todo momento con la cabeza agachada mientras que a ella ha dejado escapar alguna lágrima.

El crimen tuvo lugar el pasado 16 de agosto en un garaje del barrio valenciano de Patraix en el que la víctima, un ingeniero de Novelda, fue atacado presuntamente por Salva con un cuchillo y recibió hasta ocho puñaladas. Maje y su amante fueron detenidos el pasado mes de enero por su relación con el asesinato.

Esta misma semana Maje ha recibido otro revés judicial después de que la Audiencia de Valencia haya decidido mantenerla en prisión preventiva por riesgo de fuga y al estimar que no hay dudas de su supuesta participación en los hechos.

El tribunal valenciano aludió en su auto a diferentes indicios como las comunicaciones intervenidas entre Maje y su amante, que evidencian la relación entre ellos y la «manipulación» a la que sometía a Salvador; la información que ella le facilitó a su amante para cometer el crimen; la entrega de las llaves del garaje; y la ausencia de ella ese día buscándose coartada. Pasó la noche con otro amante y le dijo a la víctima que tenía que trabajar ese día. Junto a ello, expone que Maje era la beneficiaria de la desaparición de su marido, «bien por causas personales o económicas».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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