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Más de 700 menores murcianos fueron atendidos por tener familiares víctimas de violencia de género

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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, se reunió hoy con la coordinadora de la asociación ‘Quiero Crecer’, Maravillas Castro, y tras la reunión, informó que la Consejería atendió el pasado año, a través de la subvención que mantiene con esta entidad, a un total de 755 menores expuestos a violencia de género.

El equipo de profesionales de ‘Quiero Crecer’ inicio en 2006 la investigación en el campo de las reacciones postraumáticas en menores expuestos a la violencia intrafamiliar, dando como resultado un protocolo de evaluación e intervención pionero a nivel mundial.

La subvención de la Comunidad sirve para para llevar a cabo este servicio de atención a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, en el que el citado protocolo se ha adaptado a estos menores, contemplando las peculiaridades de la exposición de este tipo de violencia.

Según declaró la consejera «esta atención, única a nivel nacional, ha dado como resultado reducir la posibilidad de que niños y niñas desarrollen comportamientos violentos en el futuro, fortaleciendo sus recursos psicológicos».

La Asociación ‘Quiero Crecer’, que es un referente para la Región por la importancia de su trabajo en el cuidado y prevención de la infancia expuesta a la violencia de género, recibió en noviembre de 2016, en su primera edición, la ‘Distinción 25N’ del Gobierno regional.

Violante Tomás destacó que «los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia son también víctimas directas de este maltrato y es preciso que los poderes públicos garanticen su recuperación integral y eviten secuelas en el futuro».

En octubre de 2016, la Comunidad amplió este servicio, que ya se venía prestando de manera estable en Murcia, con itinerancias en los municipios de Cartagena, Cieza, Lorca, Yecla, Totana, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Bullas, Los Alcázares y Santomera, y realiza en coordinación con la Red de centros de atención especializada a víctimas de violencia de género.

La consejera añadió que su departamento también ha puesto en marcha recientemente el Punto de Encuentro familiar de violencia de género, que permite «mejorar la seguridad de los menores y de las mujeres» cuando existe un régimen de visitas por resolución judicial. «El buen funcionamiento de este recurso se debe al compromiso de distintos organismos, entre los que quiero destacar a los juzgados de Violencia sobre la Mujer», destacó Violante Tomás.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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