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Valencia

Todas las claves del caso Francis Montesinos

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El diseñador Francis Montesinos, en una imagen de archivo. EFE/Mariscal

València, 9 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas al diseñador Francis Montesinos, desde el inicio de la investigación en octubre de 2022 por una denuncia del propio modisto por extorsión, contra la intimidad, revelación de secretos, allanamiento de morada, detención ilegal, robo con violencia y lesiones.

Montesinos fue detenido este lunes por la Guardia Civil en su domicilio de Llíria (Valencia) por un supuesto delito de agresión sexual a un menor de edad, y puesto en libertad horas después a la espera de que sea requerido por el juzgado que investiga este caso.

Los detenidos en el Caso Montesinos

Según adelanta este martes el diario Levante-EMV, en total, esta operación se ha saldado con la detención de seis personas:

  • Montesinos
  • el menor implicado en la supuesta la extorsión (quien ya fue arrestado hace unos meses)
  • los dos asaltantes al chalet del modisto
  • otros dos miembros de la trama también involucrados en el chantaje.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que, desde el inicio de la investigación, que continúa abierta, se ha detenido a seis personas, aunque no ha precisado su identidad salvo la del diseñador, que trascendió este lunes.

Asalto a la vivienda de Montesinos

Montesinos fue víctima de un asalto a su vivienda en octubre del año pasado, fruto del cual fue hospitalizado por una crisis de ansiedad; al denunciar una supuesta extorsión, la Guardia Civil habría obtenido evidencias que han justificado su detención.

Es la segunda vez que Montesinos es detenido tras el episodio de junio de 2014, cuando fue acusado también por la Guardia Civil de abusos sexuales, corrupción de menores, pornografía infantil y contra la salud pública, en un proceso que fue archivado un mes después en lo relativo al diseñador.

Sin embargo, en septiembre de ese mismo año fue condenado un asistente de Montesinos a cuatro años y seis meses por haber abusado de un menor en casa del modisto.

Esos hechos ocurrieron la noche del 25 al 26 de junio de 2013 en la casa que el diseñador posee en Llíria, cuando el padre del menor -que por entonces tenía 13 años- decidió dejar que su hijo durmiera un par de días en la casa de Montesinos.

Camino de entrada al domicilio de Llíria (Valencia) del diseñador Francis Montesinos. EFE/ Raquel Segura

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Salud y Bienestar

La muerte de la niña de Alzira reabre el debate sobre los riesgos de la anestesia: ¿cuáles son los peligros reales?

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La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la niña de 6 años fallecida tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada en Alzira. Además, ha insistido en la importancia de que las sedaciones sean “realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Estos son los riesgos reales de la anestesia.

Llamamiento a la prudencia y advertencia sobre la falta de información clínica

La SEDAR, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, respeto y responsabilidad institucional”, subrayando que actualmente “se desconocen los datos clínicos y las circunstancias exactas” del suceso. Por ello, remarcan que no pueden valorar causas ni responsabilidades hasta que avance la investigación.

La sedación con fármacos anestésicos generales: un procedimiento de alto riesgo

El organismo científico ha insistido en que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son “procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales”. Por ello, recalcan que deben realizarse únicamente por especialistas en Anestesiología y Reanimación, los únicos con formación avanzada en farmacología, fisiología, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y reanimación avanzada.

La SEDAR recuerda que, en los últimos años, ha advertido reiteradamente de un “problema muy serio”: la autorización de sedaciones profundas para ser administradas por profesionales que no son anestesistas. Esto incluye médicos de otras especialidades como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso enfermería, mediante cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Normativas que permiten sedaciones sin anestesistas: un riesgo para el paciente

Según la SEDAR, estas normativas autonómicas generan un riesgo añadido porque los anestésicos generales pueden provocar “apnea, depresión respiratoria y colapso cardiovascular en cuestión de segundos”. Para la entidad, la administración de estos fármacos “exige la formación avanzada específica” de los anestesiólogos.

“El anestesista es el único profesional con la capacitación completa para realizar sedaciones de forma segura y responder de manera inmediata ante cualquier complicación”, remarcan.

Recomendaciones a los pacientes y mensaje del presidente de SEDAR

La SEDAR recomienda a la ciudadanía que, antes de someterse a una sedación, “pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación”.

El presidente de la sociedad, el doctor Javier García Fernández, ha destacado que “la seguridad del paciente es el compromiso central e irrenunciable de la SEDAR”. Ha subrayado también que “la sedación profunda no es un procedimiento menor” y que toda la comunidad sanitaria debe reflexionar tras un suceso tan grave.

La anestesia siempre conlleva riesgo, incluso en manos expertas

SEDAR recuerda que la anestesiología es una disciplina compleja que requiere vigilancia constante y experiencia. “Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”, advierten.

Por ello, insisten en que estos procedimientos deben realizarse “bajo los estándares máximos de seguridad” y con equipamiento adecuado.

Compromiso de la SEDAR con la seguridad y la evidencia científica

La entidad afirma que seguirá defendiendo que la seguridad del paciente esté “por encima de cualquier otro factor” y trabajará con evidencia científica para evitar que normativas o decisiones organizativas permitan prácticas que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

 

 

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