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Montero: «A partir del día 26 de abril se volverá a la vida normal de forma ordenada»

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho en una entrevista concedida a Antena 3 que «los ciudadanos podrán recuperar su vida normal a partir del próximo día 26 de abril», aunque esta vuelta a la «ocupación de calles y plazas» se realizará «de manera ordenada» y «con instrucciones claras que informará el propio Ejecutivo».

Montero también ha asegurado que lo único que se puede dar por hecho «es la prórroga del estado de alarma hasta el día 26. Está programado hasta ese día y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman desescalada. Se hará con diferentes escenarios que no anticipamos porque queremos que los técnicos decidan», ha afirmado.

Unas declaraciones que han tenido que ser matizadas por José Luis Ábalos ministro de Fomento afirmando que «el fin del estado de alarma no quiere decir que para entonces la vuelta a la normalidad sea como quisiéramos» y ha asegurado que dependerá de la situación sanitaria.

POOL MONCLOA

Salvador Illa y Ábalos desmienten a la portavoz de su Gobierno sobre el fin del confinamiento el 26 de abril

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados su autorización para prorrogar, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril, el estado de alarma decretado el 14 de marzo con el fin de gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el presidente Pedro Sánchez comparecerá en la Cámara Baja el jueves para defender esta petición que, confía, sea respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios.

El Gobierno quiere abrir un marco de colaboración con todos los grupos políticos, organizaciones empresariales, sindicales y administraciones territoriales para afrontar los retos inmediatos y definir la reconstrucción de España cuando concluya la pandemia, según ha afirmado su portavoz. Con este propósito, Montero también ha solicitado la aportación y el talento de la ciudadanía.

María Jesús Montero ha afirmado que el Gobierno considera que recuperar la actividad laboral, cuando los trabajadores finalicen el permiso retribuido recuperable, es prioritario. Al respecto, ha resaltado que esta medida ha sido «extraordinariamente efectiva» y que los datos de movilidad reflejan que el entorno empresarial ha cumplido «de forma fiel la voluntad expresada» en la norma.

El Ejecutivo, ha indicado la portavoz, seguirá monitorizando la actividad laboral con el doble objetivo de que «los trabajadores puedan desarrollar sus tareas con garantía de seguridad y que la transmisión del virus se mantenga controlada».

La portavoz ha insistido en que las medidas de aislamiento están siendo efectivas y ha agradecido el esfuerzo de los ciudadanos, que se está traduciendo en vidas salvadas y tiempo ganado para que el sistema sanitario se refuerce.

Montero ha añadido que el Ejecutivo está trabajando en distintos escenarios para que la ciudadanía pueda recuperar la normalidad, preservando su seguridad. Respecto a la posibilidad de implantar el uso generalizado de mascarillas, la ministra ha dicho que la decisión dependerá de cómo evolucione la pandemia en los próximos días.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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