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Montero: «A partir del día 26 de abril se volverá a la vida normal de forma ordenada»

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho en una entrevista concedida a Antena 3 que «los ciudadanos podrán recuperar su vida normal a partir del próximo día 26 de abril», aunque esta vuelta a la «ocupación de calles y plazas» se realizará «de manera ordenada» y «con instrucciones claras que informará el propio Ejecutivo».

Montero también ha asegurado que lo único que se puede dar por hecho «es la prórroga del estado de alarma hasta el día 26. Está programado hasta ese día y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman desescalada. Se hará con diferentes escenarios que no anticipamos porque queremos que los técnicos decidan», ha afirmado.

Unas declaraciones que han tenido que ser matizadas por José Luis Ábalos ministro de Fomento afirmando que «el fin del estado de alarma no quiere decir que para entonces la vuelta a la normalidad sea como quisiéramos» y ha asegurado que dependerá de la situación sanitaria.

POOL MONCLOA

Salvador Illa y Ábalos desmienten a la portavoz de su Gobierno sobre el fin del confinamiento el 26 de abril

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados su autorización para prorrogar, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril, el estado de alarma decretado el 14 de marzo con el fin de gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el presidente Pedro Sánchez comparecerá en la Cámara Baja el jueves para defender esta petición que, confía, sea respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios.

El Gobierno quiere abrir un marco de colaboración con todos los grupos políticos, organizaciones empresariales, sindicales y administraciones territoriales para afrontar los retos inmediatos y definir la reconstrucción de España cuando concluya la pandemia, según ha afirmado su portavoz. Con este propósito, Montero también ha solicitado la aportación y el talento de la ciudadanía.

María Jesús Montero ha afirmado que el Gobierno considera que recuperar la actividad laboral, cuando los trabajadores finalicen el permiso retribuido recuperable, es prioritario. Al respecto, ha resaltado que esta medida ha sido «extraordinariamente efectiva» y que los datos de movilidad reflejan que el entorno empresarial ha cumplido «de forma fiel la voluntad expresada» en la norma.

El Ejecutivo, ha indicado la portavoz, seguirá monitorizando la actividad laboral con el doble objetivo de que «los trabajadores puedan desarrollar sus tareas con garantía de seguridad y que la transmisión del virus se mantenga controlada».

La portavoz ha insistido en que las medidas de aislamiento están siendo efectivas y ha agradecido el esfuerzo de los ciudadanos, que se está traduciendo en vidas salvadas y tiempo ganado para que el sistema sanitario se refuerce.

Montero ha añadido que el Ejecutivo está trabajando en distintos escenarios para que la ciudadanía pueda recuperar la normalidad, preservando su seguridad. Respecto a la posibilidad de implantar el uso generalizado de mascarillas, la ministra ha dicho que la decisión dependerá de cómo evolucione la pandemia en los próximos días.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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