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Multas en la playa: desde orinar hasta jugar a las palas

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Multas en la playa
Multas en la playa-FREEPIK

Con la llegada del verano y las playas llenas de visitantes, conviene recordar que algunos hábitos aparentemente inofensivos pueden suponer importantes sanciones. Uno de los más comunes es llevarse arena, conchas o moluscos como recuerdo.

Prohibido por ley: no puedes llevarte arena, conchas ni moluscos

Cada verano, miles de turistas recorren las costas españolas y muchos de ellos recogen conchas marinas, piedras o incluso un pequeño bote con arena para conservarlo como souvenir. Sin embargo, esta práctica, tan extendida como desconocida en cuanto a sus consecuencias legales, está estrictamente prohibida por la legislación vigente.

La Ley de Costas en España establece que no se puede extraer ningún elemento del dominio público marítimo-terrestre, lo que incluye arena, conchas, piedras, algas, moluscos o cualquier otro recurso natural. Esta normativa tiene como objetivo proteger los ecosistemas litorales y preservar la biodiversidad que depende de estos elementos aparentemente insignificantes.

Multas de hasta 60.000 euros por recoger elementos naturales

Aunque muchas personas lo desconocen, llevarse una concha del mar puede acarrear una multa de hasta 60.000 euros, especialmente si la autoridad competente considera que el daño medioambiental causado es grave o afecta a especies protegidas o zonas sensibles.

Estas sanciones no son meramente disuasorias: se aplican y se han impuesto en aeropuertos, por ejemplo, cuando se detecta en los equipajes arena o materiales extraídos de la costa. Las conchas, además de tener un valor simbólico, son esenciales para el equilibrio del ecosistema marino, ya que sirven como refugio para pequeños crustáceos y ayudan a prevenir la erosión.

¿Existen excepciones?

La norma no admite excepciones para usos personales o turísticos. No obstante, se contemplan situaciones específicas en las que sí se puede recoger material de la costa:

  • Proyectos científicos o educativos debidamente autorizados.

  • Estudios medioambientales con el permiso previo de la administración.

  • Actuaciones supervisadas en casos de restauración de playas o limpiezas organizadas por entidades públicas.

Sin la autorización correspondiente, cualquier tipo de recolección está vetada, aunque el volumen sea mínimo o el motivo parezca inocente.


Otras conductas sancionables en la playa este verano

Además de recoger conchas o arena, hay otras actividades que pueden acarrear sanciones si no se respetan las normas de cada municipio o comunidad autónoma.

⚽ Jugar a la pelota en zonas no permitidas

Muchos ayuntamientos regulan o prohíben el uso de balones, palas u otros objetos recreativos en determinadas áreas de la playa, especialmente en temporada alta. El objetivo es garantizar la seguridad y el descanso de los bañistas.

  • En lugares como Cádiz o Benidorm, solo se permite jugar en zonas habilitadas.

  • En otras ciudades, puede acarrear sanciones leves si se causa molestias o se incumplen las señalizaciones.

🐶 Acceder con mascotas a la playa

El acceso de animales de compañía a las playas también está regulado. Aunque cada vez hay más playas pet friendly, en muchas zonas está prohibido ingresar con perros entre junio y septiembre.

  • Las multas pueden oscilar entre 100 y 3.000 euros según la normativa local.

  • Es recomendable consultar los carteles informativos o la página web del ayuntamiento para evitar infracciones.


Educación ambiental: la clave para preservar nuestras playas

España cuenta con más de 8.000 kilómetros de costa y un patrimonio natural que atrae a millones de turistas cada año. Pero para mantener ese valor ambiental y turístico, es fundamental que todos respetemos las normas que protegen los espacios naturales.

Acciones que parecen insignificantes, como llevarse una concha o jugar en una zona no habilitada, pueden tener un impacto negativo en el entorno y, además, conllevar sanciones económicas importantes. Este verano, disfruta del mar, pero hazlo con responsabilidad y conocimiento de la ley.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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