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Multas en la playa: desde orinar hasta jugar a las palas

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Multas en la playa
Multas en la playa-FREEPIK

Con la llegada del verano y las playas llenas de visitantes, conviene recordar que algunos hábitos aparentemente inofensivos pueden suponer importantes sanciones. Uno de los más comunes es llevarse arena, conchas o moluscos como recuerdo.

Prohibido por ley: no puedes llevarte arena, conchas ni moluscos

Cada verano, miles de turistas recorren las costas españolas y muchos de ellos recogen conchas marinas, piedras o incluso un pequeño bote con arena para conservarlo como souvenir. Sin embargo, esta práctica, tan extendida como desconocida en cuanto a sus consecuencias legales, está estrictamente prohibida por la legislación vigente.

La Ley de Costas en España establece que no se puede extraer ningún elemento del dominio público marítimo-terrestre, lo que incluye arena, conchas, piedras, algas, moluscos o cualquier otro recurso natural. Esta normativa tiene como objetivo proteger los ecosistemas litorales y preservar la biodiversidad que depende de estos elementos aparentemente insignificantes.

Multas de hasta 60.000 euros por recoger elementos naturales

Aunque muchas personas lo desconocen, llevarse una concha del mar puede acarrear una multa de hasta 60.000 euros, especialmente si la autoridad competente considera que el daño medioambiental causado es grave o afecta a especies protegidas o zonas sensibles.

Estas sanciones no son meramente disuasorias: se aplican y se han impuesto en aeropuertos, por ejemplo, cuando se detecta en los equipajes arena o materiales extraídos de la costa. Las conchas, además de tener un valor simbólico, son esenciales para el equilibrio del ecosistema marino, ya que sirven como refugio para pequeños crustáceos y ayudan a prevenir la erosión.

¿Existen excepciones?

La norma no admite excepciones para usos personales o turísticos. No obstante, se contemplan situaciones específicas en las que sí se puede recoger material de la costa:

  • Proyectos científicos o educativos debidamente autorizados.

  • Estudios medioambientales con el permiso previo de la administración.

  • Actuaciones supervisadas en casos de restauración de playas o limpiezas organizadas por entidades públicas.

Sin la autorización correspondiente, cualquier tipo de recolección está vetada, aunque el volumen sea mínimo o el motivo parezca inocente.


Otras conductas sancionables en la playa este verano

Además de recoger conchas o arena, hay otras actividades que pueden acarrear sanciones si no se respetan las normas de cada municipio o comunidad autónoma.

⚽ Jugar a la pelota en zonas no permitidas

Muchos ayuntamientos regulan o prohíben el uso de balones, palas u otros objetos recreativos en determinadas áreas de la playa, especialmente en temporada alta. El objetivo es garantizar la seguridad y el descanso de los bañistas.

  • En lugares como Cádiz o Benidorm, solo se permite jugar en zonas habilitadas.

  • En otras ciudades, puede acarrear sanciones leves si se causa molestias o se incumplen las señalizaciones.

🐶 Acceder con mascotas a la playa

El acceso de animales de compañía a las playas también está regulado. Aunque cada vez hay más playas pet friendly, en muchas zonas está prohibido ingresar con perros entre junio y septiembre.

  • Las multas pueden oscilar entre 100 y 3.000 euros según la normativa local.

  • Es recomendable consultar los carteles informativos o la página web del ayuntamiento para evitar infracciones.


Educación ambiental: la clave para preservar nuestras playas

España cuenta con más de 8.000 kilómetros de costa y un patrimonio natural que atrae a millones de turistas cada año. Pero para mantener ese valor ambiental y turístico, es fundamental que todos respetemos las normas que protegen los espacios naturales.

Acciones que parecen insignificantes, como llevarse una concha o jugar en una zona no habilitada, pueden tener un impacto negativo en el entorno y, además, conllevar sanciones económicas importantes. Este verano, disfruta del mar, pero hazlo con responsabilidad y conocimiento de la ley.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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