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Murcia invierte 5.000 euros en una campaña de adopción de perros y gatos abandonados

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'El gusano del corazón’: la enfermedad que afecta a perros en toda España

Ana Cánovas

El Consejo de Gobierno ha aprobado conceder una subvención de 5.000 euros al Colegio Oficial de Veterinarios de la Región para la divulgación de una campaña de adopción de perros y gatos abandonados, con cargo a los presupuestos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Asimismo, la Consejería ha diseñado la campaña con el título ‘Adopta. La felicidad no se compra’, que será divulgada por esta entidad colegial.

Debido a que el pasado año se abandonaron en la Región más de 3.000 perros y cerca de 1.000 gatos, mientras que en toda España se abandonan cada año más de 100.000 de estos animales de compañía.

No obstante, a finales de 2017 fue aprobada la Ley 6/2017 de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, que tiene como objetivo lograr el máximo nivel de protección y bienestar de estos seres vivos.

Además, la ley otorga a la Administración regional, entre otras, la competencia de adoptar medidas que contribuyan a la divulgación de su contenido y promover actuaciones que fomenten el respeto, la protección y la defensa de los animales de compañía, estableciendo programas de concienciación y sensibilización sobre abandono de animales y fomentando su adopción.

Asimismo, el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región es considerado en la ley como un instrumento básico, tanto en el desarrollo de las tareas de divulgación e información de esta ley, como de las actuaciones que prevé.

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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