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Demandan a España por los efectos secundarios «devastadores» del Nolotil

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Nolotil

El Nolotil es uno de los más vendidos en España y a causa de sus efectos secundarios, se ha creado la conocida como Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) que se encarga de denunciar los daños producidos por este medicamento y exigir que se proteja a la población de ellos. Se ha presentado una demanda de derechos fundamentales ante la negativa del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de investigar los numerosos casos de daños producidos por Nolotil.

ADAF es una organización sin ánimo de lucro que se ha creado con el propósito de unir a las personas que han sufrido consecuencias negativas debido al uso de fármacos, empezando por el Nolotil (metamizol). Este es el medicamento más vendido en España, pero está prohibido en cerca de 40 países. ADAF está compuesta por pacientes, familiares, abogados y profesionales de la salud comprometidos con la defensa de los derechos de los afectados.

La Asociación que ha demandado

El principal objetivo es luchar por la JUSTICIA y la seguridad en el uso de medicamentos. Queremos asegurarnos de que todas las personas reciban un tratamiento adecuado, seguro y efectivo. Y que se respeten sus derechos y se hagan responsables aquellos que han causado daño a través de la negligencia, la falta de información o los efectos secundarios no advertidos.

Promovemos la concienciación pública sobre los riesgos y efectos secundarios de los medicamentos, trabajando en estrecha colaboración con los medios de comunicación y organizando campañas de educación.

En la Asociación de Afectados por Fármacos, creemos que cada persona dañada merece justicia y la garantía de que su historia no se repetirá en otros pacientes. ¡Trabajemos juntos para lograr un sistema de salud más seguro y responsable!

Nolotil

Nolotil (metamizol), el analgésico de referencia y medicamento más vendido en España es el motivo por el que se creó ADAF. Nolotil es un medicamento que se receta para aliviar cualquier tipo de dolor o bajar la fiebre. Lo recetan prácticamente para todo: dolor de cabeza, de muelas, rodilla, espalda, antes o después de intervenciones quirúrgicas…

Sin embargo, muchas personas se han visto afectadas por este medicamento sin haber sido advertidas sobre sus riesgos. Conocemos al menos 350 casos, cerca de 80 se han registrado ya con ADAF, y creemos que todavía quedan muchos más por salir a la luz. El Nolotil ha demostrado tener efectos secundarios devastadores, como amputaciones, fallecimientos, reacciones alérgicas graves, choque anafiláctico, agranulocitosis (caída repentina del sistema inmune) daño renal o hepático, sepsis (una reacción extrema del cuerpo a una infección), fallo multiorgánico…

A pesar de todo esto, no solo se sigue recetando en todos los hospitales y centros médicos de España por protocolo, sino que además se están vulnerando los derechos de los pacientes ya que se les da cuando han pedido expresamente que no se les dé, cuando pone en su historial que son alérgicos a dicho medicamento e incluso cuando están hospitalizados intentando recuperarse de una grave reacción a este mismo medicamento, por tanto, poniendo su vida en peligro.

Los motivos por los que han demandado por los efectos secundarios

La Asociación en su web detalla los motivos:

  • Prohibición: nuestro primer objetivo es conseguir que este medicamento se deje de prescribir, en particular, a personas de países en los que está prohibido. Existen pruebas que demuestran que las personas de origen anglosajón y Norte de Europa tienen más tendencia a sufrir los peores efectos adversos a este medicamento. Sin embargo, esto no significa que otras nacionalidades sean inmunes a sus daños, motivo por el que buscaremos que se prohíba su prescripción en toda España.
  • Justicia y responsabilidad: nuestro segundo objetivo es brindar apoyo y justicia a los afectados por Nolotil y buscar compensación por los daños Lucharemos por la justicia y buscaremos responsabilizar a los fabricantes y proveedores de Nolotil por los daños causados. Trabajaremos con abogados especializados para presentar demandas legales y asegurarnos de que se hagan responsables por los efectos perjudiciales de este medicamento
  • Concienciación y prevención: promover cambios en los procedimientos de seguridad y regulación de medicamentos para evitar futuros casos de afectación y para evitar que se administre o recete a pacientes contra su voluntad o sin su permiso. Realizar acciones de concienciación y tendentes a la protección de la población.

 

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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