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Demandan a España por los efectos secundarios «devastadores» del Nolotil

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Nolotil

El Nolotil es uno de los más vendidos en España y a causa de sus efectos secundarios, se ha creado la conocida como Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) que se encarga de denunciar los daños producidos por este medicamento y exigir que se proteja a la población de ellos. Se ha presentado una demanda de derechos fundamentales ante la negativa del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de investigar los numerosos casos de daños producidos por Nolotil.

ADAF es una organización sin ánimo de lucro que se ha creado con el propósito de unir a las personas que han sufrido consecuencias negativas debido al uso de fármacos, empezando por el Nolotil (metamizol). Este es el medicamento más vendido en España, pero está prohibido en cerca de 40 países. ADAF está compuesta por pacientes, familiares, abogados y profesionales de la salud comprometidos con la defensa de los derechos de los afectados.

La Asociación que ha demandado

El principal objetivo es luchar por la JUSTICIA y la seguridad en el uso de medicamentos. Queremos asegurarnos de que todas las personas reciban un tratamiento adecuado, seguro y efectivo. Y que se respeten sus derechos y se hagan responsables aquellos que han causado daño a través de la negligencia, la falta de información o los efectos secundarios no advertidos.

Promovemos la concienciación pública sobre los riesgos y efectos secundarios de los medicamentos, trabajando en estrecha colaboración con los medios de comunicación y organizando campañas de educación.

En la Asociación de Afectados por Fármacos, creemos que cada persona dañada merece justicia y la garantía de que su historia no se repetirá en otros pacientes. ¡Trabajemos juntos para lograr un sistema de salud más seguro y responsable!

Nolotil

Nolotil (metamizol), el analgésico de referencia y medicamento más vendido en España es el motivo por el que se creó ADAF. Nolotil es un medicamento que se receta para aliviar cualquier tipo de dolor o bajar la fiebre. Lo recetan prácticamente para todo: dolor de cabeza, de muelas, rodilla, espalda, antes o después de intervenciones quirúrgicas…

Sin embargo, muchas personas se han visto afectadas por este medicamento sin haber sido advertidas sobre sus riesgos. Conocemos al menos 350 casos, cerca de 80 se han registrado ya con ADAF, y creemos que todavía quedan muchos más por salir a la luz. El Nolotil ha demostrado tener efectos secundarios devastadores, como amputaciones, fallecimientos, reacciones alérgicas graves, choque anafiláctico, agranulocitosis (caída repentina del sistema inmune) daño renal o hepático, sepsis (una reacción extrema del cuerpo a una infección), fallo multiorgánico…

A pesar de todo esto, no solo se sigue recetando en todos los hospitales y centros médicos de España por protocolo, sino que además se están vulnerando los derechos de los pacientes ya que se les da cuando han pedido expresamente que no se les dé, cuando pone en su historial que son alérgicos a dicho medicamento e incluso cuando están hospitalizados intentando recuperarse de una grave reacción a este mismo medicamento, por tanto, poniendo su vida en peligro.

Los motivos por los que han demandado por los efectos secundarios

La Asociación en su web detalla los motivos:

  • Prohibición: nuestro primer objetivo es conseguir que este medicamento se deje de prescribir, en particular, a personas de países en los que está prohibido. Existen pruebas que demuestran que las personas de origen anglosajón y Norte de Europa tienen más tendencia a sufrir los peores efectos adversos a este medicamento. Sin embargo, esto no significa que otras nacionalidades sean inmunes a sus daños, motivo por el que buscaremos que se prohíba su prescripción en toda España.
  • Justicia y responsabilidad: nuestro segundo objetivo es brindar apoyo y justicia a los afectados por Nolotil y buscar compensación por los daños Lucharemos por la justicia y buscaremos responsabilizar a los fabricantes y proveedores de Nolotil por los daños causados. Trabajaremos con abogados especializados para presentar demandas legales y asegurarnos de que se hagan responsables por los efectos perjudiciales de este medicamento
  • Concienciación y prevención: promover cambios en los procedimientos de seguridad y regulación de medicamentos para evitar futuros casos de afectación y para evitar que se administre o recete a pacientes contra su voluntad o sin su permiso. Realizar acciones de concienciación y tendentes a la protección de la población.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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