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Pablo Iglesias: «No me temblaría el pulso en nacionalizar farmacéuticas»

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EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 1 feb (EFE).- El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que el interés de ninguna empresa farmacéutica puede estar por encima del interés general y dice que «si tuviera el poder político necesario» no le temblaría el pulso para hacer más nacionalizaciones, entre ellas las de estas compañías.

En una entrevista que publica este lunes elDiario.es, Iglesias añade que «la lección fundamental de esta pandemia es que lo público no se pone de perfil y me parece inaceptable que se puedan hacer negocios y grandes beneficios a costa de la salud pública».

Iglesias señala que su opinión, como secretario general de Unidas Podemos, es que en España tendría que haber más empresas públicas porque «apostar por lo púbico en algo tan serio como la salud, se ha revelado una necesidad».

El líder de Unidas Podemos promete que «a partir de aquí, y con el peso que tenemos (35 diputados), vamos a tratar de llegar todo lo lejos que podamos».

«Es terrible que vivamos una situación en la que haya compañías privadas que nos puedan decir hasta dónde llegan y hasta dónde no en función del dinero», señala.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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