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Pablo Iglesias y Grande-Marlaska denuncian haber recibido cartas con cartuchos de bala

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han recibido sendas cartas con cartuchos de bala en su interior, según han denunciado los tres.

La denuncia de Marlaska, a la que ha tenido acceso Efe y presentada en la Comisaría del Congreso a las 16.42 horas de ayer, explica que en la carta se dice textualmente: «Tienes diez días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional. Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos». Añade la denuncia que en el interior de la carta había dos cartuchos sin percutir del calibre 7,62 x 51.

Iglesias, por su parte y según fuentes de Podemos, ha recibido otra carta, que llegó a dependencias del Ministerio del Interior; contenía balas de Cetme.

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibió la carta ayer, denunciando estos hechos ante la Unidad Central Operativa (UCO). El sobre lo recepcionó su secretaría de Despacho a primera hora de la tarde y contenía en su interior una nota amenazante anónima con un cartucho del calibre de 7,62 mm.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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