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Estas son las pensiones que se cobrarán en 2023

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Madrid (OFFICIAL PRESS-EFE).- Las pensiones que se cobrarán en 2023 tendrán una subida del 8,5 %, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre que permite calcular la revalorización para el año que viene y que confirma el incremento estimado por el Gobierno en los presupuestos.

La subida tendrá un coste aproximado de 13.700 millones de euros y se aplicará a las pensiones contributivas y a las de las clases pasivas, mientras que las pensiones no contributivas se incrementarán el 15 % conforme a lo acordado por el Gobierno con EH Bildu en el marco de la negociación presupuestaria en el Congreso.

De acuerdo con la nómina de noviembre, hay 9,9 millones de pensiones contributivas y 690.790 pensiones de las clases pasivas (personal militar y personal civil de la Administración General del Estado, Justicia, Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales).

Estas son las pensiones que se cobrarán en 2023

Las pensión máxima del próximo año se queda en 42.829,29 euros anuales (3.059,2 euros al mes en 14 pagas). Mientras que la prestación mínima de jubilación de beneficiarios con 65 años con cónyuge a cargo será de 13.521,71 euros (965,8 euros al mes en 14 pagas). De no contar con cónyuge a cargo esta prestación mínima será de 10.958,58 euros anuales (782,7 euros al mes en 14 pagas); y si se tiene cónyuge pero no a cargo, será de 10.401,31 euros al año (742,9 euros mensuales. El resto de pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima verán incrementar su cuantía un 8,5%.

Pensiones por viudedad

La pensión mínima de viudedad, que perciben 1,56 millones de personas, será el próximo año de 12.862,13 euros anuales si el titular tiene cargas familiares (918,7 euros al mes en 14 pagas). En el capítulo de pensiones de incapacidad permanente, que cobran casi un millón de personas, la gran invalidez se pagará con 20.283 euros anuales si el pensionista tiene cónyuge a cargo y con 16.438,63 euros al año si no los tiene. Finalmente las más de 323.000 huérfanos que reciben pensión de orfandad recibirá una prestación de 3.352,43 euros anuales (239,4 euros al mes en 14 pagas).

Cómo se calcula la pensión

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre.

En declaraciones remitidas a los medios, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha valorado que la fórmula de la que resulta el alza del 8,46 % garantiza el poder adquisitivo todos los años de una manera más estable.

«Es irrenunciable que se cumpla todos y cada uno de los años para garantizar a los pensionistas su poder adquisitivo», ha destacado.

El histórico de las pensiones

Hasta 2011, año en que se congelaron todas las pensiones menos las mínimas y no contributivas, las pensiones se revalorizaban cada año conforme a la inflación prevista y luego se abonaba una paga compensatoria si el índice de precios de consumo (IPC) de noviembre era mayor a la subida fijada.

En 2013 se estableció un mecanismo de revalorización ligado a la situación financiera de la Seguridad Social, que establecía una subida mínima del 0,25 % mientras estuviera en déficit.

En 2018 se derogó de facto ese mecanismo con la recuperación de la denominada «paguilla» que se calculó con la media de las tasas interanuales de IPC de los últimos doce meses, en lugar de con el IPC de noviembre como era tradicional.

Esta fórmula se adoptó legalmente en la reforma de las pensiones de 2021 para calcular la revalorización anual, después de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recomendara volver a ligar las pensiones al IPC.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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