Se ha suspendido la declaración de Begoña Gómez ante el juez, y comparecerá el 19 de julio. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto comparecer este viernes en calidad de investigada. Llegó pasadas las 10:18 horas al edificio de los juzgados, vestida de negro y acompañada por cuatro personas. Entró por el garaje del edificio y se dirigió a la sexta planta, donde se encuentra el Juzgado de Instrucción número 41.

Motivos de la suspensión

Una vez allí, al inicio de su declaración, Gómez alegó que desconocía los extremos de la querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír y los cargos que se le imputaban. Fuentes jurídicas informaron de esto después de un receso.

Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, decidió suspender la declaración y citó nuevamente a Gómez para el día 19, esperando que para entonces haya podido leer los términos de la acusación.

Nueva comparecencia el 19 de julio

El juez interrogará a Gómez sobre sus actividades privadas, por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde el entorno del presidente del Gobierno, se muestran incrédulos de que la denuncia de ‘Manos Limpias’ haya llegado hasta la citación de Begoña Gómez, y también preocupados por el proceder del juez. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, criticó que el magistrado ha ido «más allá» de lo que permite la ley.

Reacciones políticas

Desde el Partido Popular, piden que Begoña Gómez no reciba trato de favor: «Todos los españoles somos iguales ante la ley». Su portavoz, Miguel Tellado, afirmó que «no es ético ni estético, es patético». Mientras tanto, el Gobierno defiende la labor de la esposa de Pedro Sánchez. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, apoya el «informe de la Guardia Civil» que detalla que «no hay caso».

El Ejecutivo defiende que la denuncia de ‘Manos Limpias’ está basada en bulos y que se está causando indefensión a Gómez. La defensa ya alegó esto después de que la Fiscalía Europea asumiera parte de la causa, específicamente los contratos que pudieron ser financiados con fondos europeos. El magistrado respondió insistiendo en que hay contratos que no se hicieron con esos fondos y que sigue investigando novedades recientes, incluyendo contactos con Globalia y el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

Grabación de la defensa

Todavía se desconoce si la defensa ante el juez será grabada en vídeo. Dada su «relevancia pública», el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, solicitó que su comparecencia no sea grabada. La ley indica que los tribunales y juzgados deben usar los medios técnicos a su alcance, como el vídeo. Sin embargo, en otros juicios mediáticos, como el de la Infanta Cristina, solo se grabó el audio en fase de instrucción, que es la misma en la que se encuentra Begoña Gómez.

Hace unas semanas, los abogados de la esposa del presidente presentaron un recurso para que el juez Peinado concretara los motivos de la investigación, ya que consideraban que no habían quedado suficientemente claros. El juez estimó parcialmente el recurso, señalando que la investigación se remonta a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, excluyendo dos contratos reclamados por la Fiscalía Europea por estar financiados con fondos comunitarios.

Manos Limpias señala los contratos con Barrabés

Ocurra lo que ocurra, lo evidente es que sobre la mesa del juez puede haber hasta tres escritos que giren en torno a la figura y posibles actividades de la esposa de Pedro Sánchez: la denuncia transformada en querella de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír –que contó con una ampliación– y una tercera querella de Vox que, de momento, se desconoce si por reparto ha caído en otro juzgado distinto al suyo.

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (…) de la compañía».

A esto sumaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Hazte Oír apunta a los «vínculos» con Globalia

El 29 de mayo, al tiempo que la Audiencia Provincial de Madrid avalaba la investigación del juez –si bien acotaba que se debía centrar en los contratos públicos con los que se hizo Barrabés–, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez.

La asociación atribuye a la esposa del presidente un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que «las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo» con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno «han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%».

Hazte Oír subraya que Gómez «ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno», y ha «realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales».

En su escrito, la asociación pone el foco en un «contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez«. Destaca también la «relación» de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade «las reuniones» en las que «se presenta como esposa del presidente».

Asimismo, Hazte Oír denuncia que la Universidad Complutense de Madrid «contrató el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC«, de la que Gómez es administradora única, según la querella.

Vox pone el foco en el software patentado cuando estaba en la UCM

Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.

La formación sostiene que Gómez «prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (…) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada».

Señala además que la esposa del presidente del Gobierno, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, «utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo».

Vox considera que «existen pruebas» que acreditan «la dudosa adecuación a la legalidad de la creación y desarrollo de la cátedra analizada» y «la utilización de esta cátedra para fines espurios propios y personales».

El partido asegura que desde la cátedra, «y por tanto con fondos públicos», se «ha hecho provecho de los contactos, visibilidad e intervenciones desde un ámbito institucional como la Universidad Complutense para facilitar de forma subrepticia la actividad empresarial, encubierta y propia de la sociedad de la querellada».

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