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Valencia

El Pleno Municipal aprueba el Plan + Vivienda para ampliar la oferta pública de vivienda

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Pleno Ayuntamiento de Valencia

Respaldo a la agilización de desalojos y nuevas medidas contra la ocupación ilegal

El Ayuntamiento ha aprobado el Plan + Vivienda, una estrategia clave para aumentar el parque público de vivienda en la ciudad. La medida, defendida por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha contado con el respaldo del PP, Vox y los concejales no adscritos, mientras que PSPV y Compromís han votado en contra.

El acuerdo también respalda la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en noviembre de 2024, que permite agilizar los desalojos por allanamiento y usurpación mediante juicios rápidos. Según el concejal Giner, esta reforma representa «un avance significativo en la protección de los propietarios y una respuesta más eficaz frente a la ocupación ilegal».

En contraste, el Pleno ha rechazado la propuesta del PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que busca revertir esta modificación y excluir nuevamente estos delitos de los procedimientos de enjuiciamiento rápido.

Debate sobre el mercado de la vivienda en Valencia

El acceso a la vivienda ha generado un intenso debate en el Pleno. La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado la “emergencia habitacional” en la ciudad y ha criticado que el gobierno local priorice a promotores inmobiliarios en lugar de a las familias. Ferran Puchades (Compromís) ha señalado que, según el Infobarómetro Municipal, la vivienda ha pasado de ser la octava preocupación ciudadana en 2023 a la principal en 2024.

En respuesta, Juan Giner ha defendido la postura del gobierno municipal, argumentando que la declaración de «zona tensionada» ha fracasado en comunidades como Cataluña y el País Vasco, donde la oferta de alquiler ha disminuido drásticamente.


El Ayuntamiento exige al Valencia CF informes mensuales sobre el Nou Mestalla

El Pleno también ha aprobado solicitar al Valencia CF la entrega mensual de certificaciones de obra del Nou Mestalla para comprobar el cumplimiento de plazos. Esta propuesta ha sido respaldada por todos los grupos, excepto los concejales no adscritos, que se abstuvieron.

Además, el Pleno ha aprobado una moción de Compromís para exigir garantías sobre el cumplimiento de los compromisos del club con la ciudad, a pesar del voto en contra de PP y Vox. La portavoz Papi Robles ha instado a la alcaldesa a “sentarse, negociar y obligar al club a cumplir con los plazos”.

El PSPV también ha recordado los 20 años de retraso en el proyecto y ha criticado el incumplimiento de infraestructuras prometidas, como un polideportivo para Benicalap.


Rechazo a la comparecencia de Mazón por la DANA

El Pleno ha rechazado una propuesta de Compromís para que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa María José Catalá comparezcan ante el juzgado que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre.

Desde la oposición, Lucía Beamud (Compromís) ha afirmado que “el pueblo valenciano quiere respuestas” y Borja Sanjuán (PSPV) ha denunciado un “bucle de mentiras” sobre la gestión de la crisis. Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero, ha calificado la propuesta como “absurda e intolerable”.


Estrategia de Turismo 2025-2028: datos e innovación sin tasa turística

El Pleno también ha aprobado el Plan Estratégico de Turismo 2025-2028, impulsado por PP y Vox, que apuesta por un modelo basado en datos, sostenibilidad e innovación.

El PSOE y Compromís han defendido la implantación de una tasa turística municipal para financiar servicios públicos y mitigar el impacto del turismo en la ciudad, argumentando que es una medida común en Europa y EE.UU. Sin embargo, la concejala de Turismo, Paula Llobet, ha rechazado esta propuesta, señalando que “no existe un marco jurídico autonómico que la respalde” y acusando a la oposición de “cero diálogo con los afectados”.

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Valencia

Todos los detalles de la huelga médica del viernes 3 de octubre

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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado una nueva huelga médica nacional este viernes 4 de octubre para rechazar el borrador del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad. El paro comenzará a las 00:00 horas y se espera un amplio seguimiento en todo el territorio, respaldado por numerosas organizaciones profesionales y sindicales.

Rechazo al Estatuto Marco propuesto por Sanidad

Las organizaciones convocantes acusan al ministerio de falta de voluntad negociadora y exigen un estatuto específico para el colectivo médico. Entre las demandas destacan la voluntariedad de las guardias, la jornada laboral de 35 horas y la creación del grupo A1+, que reconozca las particularidades de la profesión.

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha reiterado su negativa a retirar el actual borrador, lo que ha intensificado la tensión con los sindicatos.

Apoyos y movilizaciones en toda España

La huelga cuenta con el apoyo de la Organización Médica Colegial (OMC), el Foro de la Profesión Médica y asociaciones como APEMYF. Además, numerosos sindicatos autonómicos y profesionales se sumarán a las concentraciones previstas en todo el país.

  • Madrid: manifestación a las 10:00 horas frente al Congreso, con recorrido hasta el Ministerio de Sanidad.
  • Barcelona: concentración a las 10:30 horas frente al Departament de Salut.
  • Andalucía: marchas en Sevilla, Córdoba, Almería y Huelva.
  • Extremadura: concentraciones en Cáceres y Badajoz.
  • Murcia y Ceuta: protestas en los centros de salud.
  • Castilla-La Mancha y Castilla y León: concentraciones en todas las capitales provinciales.
  • Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Aragón y Canarias: protestas en hospitales y puntos estratégicos.

Escalada de tensión sindical

Además de CESM y SMA, el Ministerio afronta la presión de otros sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que han advertido de “acciones contundentes” si Sanidad mantiene el actual planteamiento normativo.

Las negociaciones, abiertas desde hace dos años, buscan sustituir la normativa vigente desde 2003. Sin embargo, los sindicatos denuncian que las comunidades autónomas intentan impulsar una norma “mínima y vacía de contenido”, en lugar de un marco que reconozca la especificidad del trabajo médico.

 

 

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