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El PP exige responsabilidades políticas a Ribó por la encuesta fallera

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(EUROPA PRESS)-El concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València Félix Crespo ha exigido al alcalde, Joan Ribó, «responsabilidades políticas de inmediato» por la encuesta fallera después de que la Agencia Española de Protección de Datos haya considerado que el consistorio cometió una «infracción muy grave» por tratar información referente a ideología y religión que se preguntó a los participantes de la encuesta realizada al colectivo fallero «sin contar con el consentimiento expreso e informado de los mismos».

En un comunicado, el edil ha afirmado que la resolución da la razón «en todos los extremos a las denuncias realizadas por este grupo municipal» y a los propios falleros «que desde el primer momento mostraron su malestar y preocupación por los métodos y preguntas que se realizaron a las personas entrevistadas».

«Con esta resolución finalizan seis meses de absoluta falta de transparencia y obstruccionismo del alcalde Ribó en relación al expediente de sanción que generó en agosto de 2017 la AEPD por la realización de la encuesta fallera», ha destacado.

Han pasado, según Crespo, «seis meses de absoluta connivencia entre los miembros del tripartito, ocultando una sanción gravísima contra el Ayuntamiento con la excusa de salvaguardar la estrategia jurídica cuando más pronto que tarde íbamos a conocer la resolución definitiva en un tema de interés general que afectaba directamente a los derechos fundamentales de los valencianos».

Según ha subrayado, Protección de Datos, «además de cuestionar el contenido del contrato formalizado con la empresa y responsabilizar única y exclusivamente al Ayuntamiento como quien decidió y realizó el contenido de la encuesta, desmiente a Ribó y Fuset cuando éstos alegaban que se había realizado con el mismo procedimiento que la del CIS, desmontando una a una las diferencias».

Además, el edil señala que «la sanción es firme y agota la vía administrativa», al tiempo que «no caben criterios interpretativos de los técnicos de la AEPD», queda patente que «se han vulnerado derechos fundamentales de las personas entrevistadas».

«Las continuas mentiras y negaciones de acceso al expediente, tanto de Ribó como de Fuset dejan bien a las claras ante el mundo fallero que tenemos un presidente nato y ejecutivo de Junta Central Fallera que no son merecedores de seguir ni un minuto más al frente de las Fallas», ha agregado el concejal del grupo popular.

También ha celebrado que la Agencia de Protección de Datos «ha desmontado el discurso victimista y ridículo de Ribó en relación al pasado político de la directora de la agencia cuando detalla en la resolución otro caso de denuncia al Infobarómetro realizado por el Ayuntamiento e indica que fue archivada por cumplir lo marcado en la LOPD y del mismo modo fue archivado otro expediente abierto por encuestas realizadas sobre apartamentos turísticos, también del Ayuntamiento de Valencia».

Para finalizar, Crespo ha preguntado al alcalde «si además del coste del contrato de la encuesta fallera sancionada va a continuar generando gasto a los valencianos con el recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional» por su «simple capricho».

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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