Alicante, 2 abr (EFE).- El PP solicitará al Ministerio de Economía el expediente del concurso público que, aseguran, benefició a dos empresas durante la pandemia y que contó con una recomendación firmada por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado que van a «exigir transparencia» y ha puntualizado que quien tiene que dar respuesta no es la mujer del presidente sino el propio Pedro Sánchez ‘motu proprio’.
Durante su participación en un acto del Partido Popular en Alicante el portavoz popular también ha explicado que «si no ha entendido cómo hay que reaccionar ante sospechas de corrupción o ante sospechas de aprovechar su posición política para beneficiar a su entorno, será ante una comisión de investigación en el Congreso y en el Senado o ante el juez».
Según ha relatado el diario ‘El Confidencial’, Gómez firmó una carta de recomendación en 2020 a dos empresas en la adjudicación de un contrato de 7,7 millones de euros que emitió el propio Gobierno de Pedro Sánchez.
Según esta información las empresas, Barrabés y The Valley, que forman la UTE Barrabés-The Valley, podrían haber sido beneficiadas en este concurso público siendo uno de los accionistas, Carlos Barrabés, quien diseñó el Máster en Trasformación social competitiva que dirige la mujer de Sánchez.
Fuentes del PP han indicado que «es muy grave que el Gobierno conceda una adjudicación millonaria a la empresa que contrató a la mujer de Sánchez, siendo este quien lo autoriza como presidente del Ejecutivo. Las explicaciones ya no es que sean urgentes: son imprescindibles».
«Estamos asistiendo a un goteo incesante de informaciones que apuntan a la labor de mediación de la mujer de Pedro Sánchez con empresas que han recibido fondos millonarios del Gobierno y que han disparado su facturación después de su labor de intermediación», han añadido.
Además, han apuntado que nunca la actuación de la pareja de un presidente del Gobierno ha suscitado dudas acerca de su legitimidad ni ha comprometido la labor de un líder del Ejecutivo en nuestro país: «un nuevo hito que se logra bajo la Presidencia de Pedro Sánchez».
VÍDEO| El PP solicitará el expediente del concurso en que intervino la mujer de Pedro Sánchez
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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.
24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos
El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:
Organización criminal
Cohecho
Tráfico de influencias
Malversación
Uso de información privilegiada
Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.
19 años y medio de cárcel para Koldo García
Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.
La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:
Ineco: 34.477,86 euros
Tragsatec: 9.500,54 euros
Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.
Atenuante de confesión para Víctor de Aldama
En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:
Organización criminal
Cohecho
Uso de información privilegiada
También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.
El origen de la causa
El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.
Puente dividió la causa en dos piezas:
La principal, centrada en los contratos de mascarillas.
Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.
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