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Puig anuncia la prórroga del cierre perimetral de la Comunitat «como mínimo» una semana más

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado la prórroga del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante una semana más, a partir de este viernes, en el marco de las restricciones que se están adoptando para el control de la pandemia de COVID-19 y la protección de la salud de la ciudadanía.

Por ello, a partir de este viernes, 6 de noviembre, a las 12.00 horas, se establecerá una prórroga de otros siete días naturales durante los que se continuará sin poder entrar en el territorio valenciano ni salir de él, salvo causa justificada, como los desplazamientos por motivos laborales, de estudios y médicos o para volver al lugar de residencia habitual o cuidar de personas dependientes.

El president, que ha avanzado la decisión en la visita realizada este martes a la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha señalado que «la idea es que se permanezca en esta situación, como mínimo, una semana más». Tal y como ha indicado, «es una medida que no afecta excesivamente a la economía», del mismo modo que tampoco han tenido «un efecto importante añadido» para la actividad económica las restricciones a la movilidad nocturna establecidas entre las 0.00 y las 6.00 horas.

«Esta medida de restricción nocturna la tenemos prevista hasta el 9 de diciembre, y en esta primera etapa lo que está claro es que solo podemos apelar a mayor corresponsabilidad y al cumplimiento de las normas que dictan las autoridades sanitarias», ha señalado Ximo Puig.

El jefe del Consell, que ha subrayado que no se está ante una «situación de estrés hospitalario», ha incidido en la importancia de adoptar medidas acordes a la situación, y «lo más razonables, serenas y equilibradas» que sea posible.

Se debe gobernar «desde la humildad», aceptando que existes incógnitas asociadas al comportamiento de la COVID-19, pero con la certeza de que son «imprescindibles» las medidas de prevención, ha agregado.

Además, ha insistido en la importancia de la responsabilidad individual de los ciudadanos y ciudadanas, que, durante el confinamiento, mostraron en la Comunitat Valenciana una actitud generalizada de seguimiento de las instrucciones, y que también están cumpliendo de forma mayoritaria la restricción a la movilidad nocturna.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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