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Puig insta a Sánchez a que la «desescalada se produzca de forma descentralizada»

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VALÈNCIA, 19 Abr. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado la necesidad «imperativa» de superar el periodo de confinamiento «con toda la seguridad sanitaria» y ha propuesto, para ello, que se adopte un sistema dinámico de «cierre y apertura» y la «descentralización» de su ejecución a atendiendo a criterios geográficos, sectoriales y demográficos.

El president de la Generalitat ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para abordar la evolución de la crisis del coronavirus.

Puig ha señalado que «es imperativo superar el periodo de confinamiento con toda la seguridad sanitaria» para impedir los «daños irreversibles» a la población y al tejido social y económico. A este respecto, ha indicado que «confrontar la actividad económica con la seguridad sanitaria es un inmenso error» y se ha mostrado partidario de «dotar de la máxima seguridad sanitaria a la actividad económica».

Tal y como ha defendido, «hay que establecer un sistema de apertura y cierre dinámico», ya que no es posible esperar a tener «todas las certezas» para «empezar el desconfinamiento». Por ello, ha abogado establecer esa flexibilidad, con la seguridad sanitaria como prioridad y con rapidez en la detección de nuevos focos.

«Este sistema tiene que tener bases comunes en España y adoptarse desde la unidad de acción, pero, al mismo tiempo, tiene que permitir una descentralización efectiva en su ejecución», ha añadido el president, que considera también «crítico para el sistema sanitario dotarse de capacidad de ampliación temporal» porque hay que buscar la transición a la normalidad en el espacio sanitario y atender las patologías que han quedado en un segundo plano por la pandemia.

«El centralismo nunca es inteligente»
Por todo esto, «hay que plantearse el desconfinamiento atendiendo a razones de cáracter geográfico, sectorial y demográfico», ha insistido el jefe del Consell, que ha remarcado: «el centralismo nunca es inteligente».
En este sentido, ha subrayado que la respuesta no necesariamente tiene que ser homogénea incluso dentro de cada comunidad, porque «ningún centralismo es inteligente» y resulta, por tanto, imprescindible «adaptarse al mapa real de la pandemia».

Por otro lado, el president considera positivo el anuncio realizado por el presidente del Gobierno respecto a la inyección a las comunidades autónomas de 14.000 millones extra de liquidez, una decisión, tal y como ha remarcado, está en la línea de lo solicitado por la Comunitat Valenciana en estas reuniones multilaterales.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha asegurado en este sentido que este mismo lunes mantendrá una reunión con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, para concretar las aportaciones y el itinerario que seguirá la Generalitat para trasladar esta liquidez al tejido productivo.

Cambio estructural del modelo de financiación
Puig ha subrayado que, además de estas medidas, la Generalitat sigue defendiendo la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y la equidad para fortalecer el estado de bienestar, algo que, ha advertido, no será posible «sin el cambio estructural del modelo de financiación».

«Si hay acuerdos de Estado ha de configurarse la necesidad de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas», ha dicho Puig, que, ante el escenario de «atomización» de las políticas fiscales, ha solicitado también en la reunión que se asuma la «corresponsabilidad» de las autonomías en este ámbito. «No se puede pedir, por un lado, que se aumente el gasto y, por otro, desproteger absolutamente de ingresos al Estado; es absolutamente contradictorio», ha manifestado.

Además, el president también estima «fundamental» que los fondos procedentes de la Unión Europea lleguen a todas las empresas y todas las comunidades autónomas.

El president ha iniciado su intervención recordando que la reunión de este domingo coincide con la jornada de luto oficial decretada en la Comunitat Valenciana, un gesto con el que la que la sociedad oficializa la «profunda tristeza» que ya está mostrando a diario «por cada una de las 1.065 personas que nos han dejado como consecuencia de la pandemia».

Unidad de acción
Puig, que también ha agradecido a todos los partidos «la sensibilidad, la unidad de acción y la responsabilidad que están mostrando», ha avanzado además que, una vez haya sido superada la crisis sanitaria, se decretará de nuevo luto oficial de recuerdo a todas las víctimas y de apoyo a sus familias, que servirá también de homenaje a todas las personas que han ayudado a mitigar los efectos de la COVID-19.

El responsable del Consell ha trasladado en la reunión la necesidad de llegar a acuerdos para dar una «respuesta conjunta» a esta crisis en ámbitos como el educativo y ha subrayado el importante papel que tienen en este sentido las comunidades autónomas.

Llegar a acuerdos «no es dejar de ejercer competencias, sino ponerlas en común» para trazar una hoja de ruta consensuada, ha indicado Puig. «Si en unas circunstancias tan dramáticas como las actuales no somos capaces de huir del partidismo y de actuar con la máxima responsabilidad, ¿cuándo será posible?», se ha preguntado el president.
Ha argumentado a este respecto que, aunque todavía se está lejos del final de esta crisis, la unidad de acción y la corresponsabilidad «están dando sus frutos» y permiten hablar de la importancia de «un acuerdo de país» y de una «acción concertada» conjunta en favor de un «estado de bienestar reforzado» y de un sistema público de atención sanitaria y social «cada vez más potente».

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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”

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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.


“El fiscal general me había destrozado públicamente”

Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.

“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.

El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.


De una negociación fiscal a un caso mediático

Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.

“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.

A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.


El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.

Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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