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Puig insta a Sánchez a que la «desescalada se produzca de forma descentralizada»

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VALÈNCIA, 19 Abr. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado la necesidad «imperativa» de superar el periodo de confinamiento «con toda la seguridad sanitaria» y ha propuesto, para ello, que se adopte un sistema dinámico de «cierre y apertura» y la «descentralización» de su ejecución a atendiendo a criterios geográficos, sectoriales y demográficos.

El president de la Generalitat ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para abordar la evolución de la crisis del coronavirus.

Puig ha señalado que «es imperativo superar el periodo de confinamiento con toda la seguridad sanitaria» para impedir los «daños irreversibles» a la población y al tejido social y económico. A este respecto, ha indicado que «confrontar la actividad económica con la seguridad sanitaria es un inmenso error» y se ha mostrado partidario de «dotar de la máxima seguridad sanitaria a la actividad económica».

Tal y como ha defendido, «hay que establecer un sistema de apertura y cierre dinámico», ya que no es posible esperar a tener «todas las certezas» para «empezar el desconfinamiento». Por ello, ha abogado establecer esa flexibilidad, con la seguridad sanitaria como prioridad y con rapidez en la detección de nuevos focos.

«Este sistema tiene que tener bases comunes en España y adoptarse desde la unidad de acción, pero, al mismo tiempo, tiene que permitir una descentralización efectiva en su ejecución», ha añadido el president, que considera también «crítico para el sistema sanitario dotarse de capacidad de ampliación temporal» porque hay que buscar la transición a la normalidad en el espacio sanitario y atender las patologías que han quedado en un segundo plano por la pandemia.

«El centralismo nunca es inteligente»
Por todo esto, «hay que plantearse el desconfinamiento atendiendo a razones de cáracter geográfico, sectorial y demográfico», ha insistido el jefe del Consell, que ha remarcado: «el centralismo nunca es inteligente».
En este sentido, ha subrayado que la respuesta no necesariamente tiene que ser homogénea incluso dentro de cada comunidad, porque «ningún centralismo es inteligente» y resulta, por tanto, imprescindible «adaptarse al mapa real de la pandemia».

Por otro lado, el president considera positivo el anuncio realizado por el presidente del Gobierno respecto a la inyección a las comunidades autónomas de 14.000 millones extra de liquidez, una decisión, tal y como ha remarcado, está en la línea de lo solicitado por la Comunitat Valenciana en estas reuniones multilaterales.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha asegurado en este sentido que este mismo lunes mantendrá una reunión con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, para concretar las aportaciones y el itinerario que seguirá la Generalitat para trasladar esta liquidez al tejido productivo.

Cambio estructural del modelo de financiación
Puig ha subrayado que, además de estas medidas, la Generalitat sigue defendiendo la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y la equidad para fortalecer el estado de bienestar, algo que, ha advertido, no será posible «sin el cambio estructural del modelo de financiación».

«Si hay acuerdos de Estado ha de configurarse la necesidad de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas», ha dicho Puig, que, ante el escenario de «atomización» de las políticas fiscales, ha solicitado también en la reunión que se asuma la «corresponsabilidad» de las autonomías en este ámbito. «No se puede pedir, por un lado, que se aumente el gasto y, por otro, desproteger absolutamente de ingresos al Estado; es absolutamente contradictorio», ha manifestado.

Además, el president también estima «fundamental» que los fondos procedentes de la Unión Europea lleguen a todas las empresas y todas las comunidades autónomas.

El president ha iniciado su intervención recordando que la reunión de este domingo coincide con la jornada de luto oficial decretada en la Comunitat Valenciana, un gesto con el que la que la sociedad oficializa la «profunda tristeza» que ya está mostrando a diario «por cada una de las 1.065 personas que nos han dejado como consecuencia de la pandemia».

Unidad de acción
Puig, que también ha agradecido a todos los partidos «la sensibilidad, la unidad de acción y la responsabilidad que están mostrando», ha avanzado además que, una vez haya sido superada la crisis sanitaria, se decretará de nuevo luto oficial de recuerdo a todas las víctimas y de apoyo a sus familias, que servirá también de homenaje a todas las personas que han ayudado a mitigar los efectos de la COVID-19.

El responsable del Consell ha trasladado en la reunión la necesidad de llegar a acuerdos para dar una «respuesta conjunta» a esta crisis en ámbitos como el educativo y ha subrayado el importante papel que tienen en este sentido las comunidades autónomas.

Llegar a acuerdos «no es dejar de ejercer competencias, sino ponerlas en común» para trazar una hoja de ruta consensuada, ha indicado Puig. «Si en unas circunstancias tan dramáticas como las actuales no somos capaces de huir del partidismo y de actuar con la máxima responsabilidad, ¿cuándo será posible?», se ha preguntado el president.
Ha argumentado a este respecto que, aunque todavía se está lejos del final de esta crisis, la unidad de acción y la corresponsabilidad «están dando sus frutos» y permiten hablar de la importancia de «un acuerdo de país» y de una «acción concertada» conjunta en favor de un «estado de bienestar reforzado» y de un sistema público de atención sanitaria y social «cada vez más potente».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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