MADRID, 29 Mar. (CHANCE) –

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, han presentado una querella contra Ana Rosa Quintana y los dos cámaras de TeleCinco que captaron los mensajes que se intercambiaron a finales de enero en un acto en Bruselas en los que Puigdemont le aseguraba que estaba «sacrificado», «esto se ha terminado», que «el plan Moncloa triunfa» y que vivían «los últimos días de la Cataluña republicana».

«Hemos presentado una querella ayer ante un juez de instrucción de Lovaina en nombre de Carles Puigdemont y Toni Comín por violación de la vida privada contra los dos cámaras y Ana Rosa por filmar y difundir mensajes de su Smartphone el 31 de enero», ha explicado a Europa Press el abogado Christophe Marchand, que forma parte del equipo jurídico que representa al expresidente y exconsejeros catalanes en Bélgica.

«Se firmaron durante 50 minutos mensajes privados que el presidente ha intercambiado con Toni Comín», ha denunciado el abogado, que ha recordado que captar y difundir «comunicaciones privadas» sin «autorización» de las partes constituye «un delito según el Derecho belga» de «atentado de la vida privada», castigado con «penas de prisión de entre seis meses a un máximo de tres años».

Marchand ha asegurado que «el objetivo no es meter a periodistas en la cárcel» sino «subrayar la importancia de la vida privada», al tiempo que ha afeado debido a la gran atención mediática en torno al caso de Puigdemont «los medios españoles a veces han actuado en violación de los principios básicos de la deontología periodística».

«Tenemos a personas que están en Bélgica como refugiados, en el exilio, que están en situación bastante vulnerable, que son objeto de una presión mediática muy importante», ha incidido.

El letrado belga, que no ha podido anticipar cuándo el Tribunal de Lovaina citará a las partes demandadas, algo «en manos del juez de instrucción», ha dejado claro que «los periodistas tienen derecho de informar cómo quieren, pero dentro de los límites marcados» y ha insistido en que «robar informaciones» constituye «una violación de la ley penal». «Se necesita un consentimiento libre, claro y evidente. No fue el caso aquí», ha recordado.

Respecto a la presunta baliza que habría sido instalada en uno vehículo utilizado habitualmente por el expresidente Puigdemont en Bélgica para permitir su seguimiento, Marchand ha explicado que no han interpuesto una demanda ante la justicia belga por esta cuestión. «No hemos puesto una querella», ha asegurado.

«La baliza no la han puesto ni la Policía belga ni los servicios de inteligencia belgas. Está prohibido, esto es un delito. Es un atentado contra la vida privada, podría conllevar una pena de cárcel», ha explicado el abogado, que no ha podido precisar si las autoridades belgas han abierto una investigación al respecto ex oficio. «No estoy al tanto de si se ha abierto una investigación al respecto», ha admitido.

A LA ESPERA DE QUE LA FISCALÍA CITE A LOS EXCONSELLERS.
El letrado belga también ha explicado que siguen a la espera de que la Fiscalía de Bruselas cite a declarar a los exconsejeros de la Generalitat Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig que siguen en Bélgica tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el ‘procés’, Pablo Llarena, de reactivar las órdenes de detención contra los políticos catalanes huidos.

«Seguimos a la espera de la citación del juez. No será antes de la semana que viene», ha explicado Marchand, que ha precisado que «hay que encontrar un traductor» para documentación remitida y «el problema» es que es «un poco difícil» hacerlo estos días por «las fiestas de Pascua», aunque no ha precisado si la traducción que falta es de las euroórdenes o la información adicional solicitada por la Fiscalía de Bruselas a España.

El letrado ha explicado que desde la Fiscalía de Bruselas les han avanzado que la citación podría ser «el martes, miércoles o jueves» aunque no ha podido precisar si los tres exconsellers se presentarán antes en la misma comisaría de Policía de Bruselas a la que acudieron en noviembre a raíz de las euroórdenes dictadas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

«No tengo información de esto», ha explicado el letrado. La detención previa de los exconsellers, momento en el que tendrán acceso al contenido de las euroórdenes y estarán acompañados por sus letrados, es un paso previo necesario para poder comparecer ante un juez de instrucción e iniciar el proceso para admitir a trámite o no las euroórdenes y eventualmente ejecutarlas.

Si la Justicia belga siguiera las mismas etapas tras la reactivación de las euroórdenes, se designaría un juez de instrucción que se encargaría de decidir en un plazo de 24 horas si la orden de detención es conforme a la ley o si hay alguna causa de rechazo de la misma y si procede dictar prisión provisional o les deja en libertad con medidas cautelares para evitar la fuga de las personas implicadas. La Fiscalía de Bruselas aseguró el sábado por su parte que no ve riesgo de fuga en este caso.

Marchand ha confiado en que el juez de instrucción designado del caso les deje en libertad a la espera de resolver el fondo del asunto, como ocurrió la última vez, cuando un juez de instrucción dejó en libertad a Puigdemont y los exconsellers con medidas cautelares, es decir, les prohibió salir del territorio belga sin consentimiento de un juez, les exigió una residencia fija y personarse ante la Justicia y Policía cuando se les pidiera.

«No lo imagino, lo espero», ha explicado el letrado belga. «Es un juez de instrucción el que va a tomar la decisión de forma independiente. Evaluará la situación y tomará una decisión», ha explicado.

Comín es el único al que Llarena ha procesado por un delito de rebelión, al que se suma el de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados por delitos de desobediencia y malversación.

Dado que se espera que las defensas de los exconsejeros no aceptarán la extradición ante el juez de instrucción, el proceso pasará a la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia), donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la orden es ejecutable o no. En caso de que fuera recurrida, las partes podrían acudir primero al Tribunal de Apelación y posteriormente al Tribunal de Casación.

En los dos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días para tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no.

La legislación comunitaria sobre las euroórdenes prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en 10 días si el afectado acepta la orden. No obstante, los plazos se alargan hasta los 60 días si las personas requeridas se niegan a la extradición. Este tiempo puede alargarse otros 30 días en casos excepcionales.