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Rajoy se compromete a dar «una satisfacción moral y jurídica» a los familiares del Yak-42

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido este martes en La Moncloa a la Junta Directiva de la Asociación de Familiares de los Militares fallecidos en Turquía en el Yak-42.

Durante el encuentro, el Jefe del Ejecutivo español se ha comprometido a buscar una «satisfacción moral y jurídica», según han explicado las familias en una rueda de prensa posterior.

Se trata de la primera vez que un presidente de Gobierno recibe a las familias desde que se produjo el siniestro, en el año 2003 y en el que murieron 62 militares en Turquía cuando volvían de una misión en Afganistán.

Cuando ocurrió el terrible accidente Rajoy era el vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y los familiares han puesto en valor precisamente eso, que quien entonces era vicepresidente les reciba ahora. Y lo ha hecho, según ha explicado la portavoz de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42, Curra Ripollés, con «amabilidad», «sin tensión» y mostrándose «muy interesado».

La reunión, que ha durado hora y media, ha sido calificada como positiva por los familiares, la han considerado como una «forma de pedir perdón», y han confiado en que la resolución que prepara el Ministerio de Defensa a raíz del informe del Consejo de Estado sobre el accidente suponga una «reparación moral y jurídica».

Destacan asimismo que en la reunión mantenida con el presidente y la ministra de Defensa se les haya trasladado que la resolución del Gobierno se hará «sin ningún tipo de condicionamiento político».

Todo ello se da después de que un dictamen del Consejo de Estado reconociera, por primera vez, la «responsabilidad patrimonial de la Administración» en los trágicos hechos, lo que ha precipitado la salida del exministro de Defensa Federico Trillo, responsable en el momento del accidente, como embajador en Londres.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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