Un grupo de magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I. La acción judicial se basa en la supuesta comisión de cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018, que, según los querellantes, no habrían prescrito.

Delitos fiscales imputados

La querella señala que el rey Juan Carlos I habría cometido irregularidades tributarias que, por su gravedad, podrían ser calificadas como delitos fiscales. Según los exmagistrados, estos hechos no habrían prescrito y, por tanto, pueden ser investigados y enjuiciados. En el texto presentado, se argumenta que la Fiscalía habría comunicado al rey emérito la apertura de una investigación por posibles infracciones tributarias relacionadas con estas actividades irregulares.

Irregularidades en el proceso de regularización fiscal

El texto de la querella, que ha sido difundido por medios como Europa Press, también apunta a presuntas irregularidades en el proceso de regularización fiscal del rey emérito. Los querellantes subrayan que:

«El Ministerio Fiscal, cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización».

Este argumento pone en duda la legitimidad de las regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito, que podrían haberse efectuado con conocimiento previo de la investigación, lo que constituiría un hecho irregular en sí mismo.

Contexto de las acusaciones

Las acusaciones contra el rey Juan Carlos I se enmarcan en una serie de investigaciones previas que han puesto en el punto de mira su patrimonio y presuntas actividades opacas. Aunque algunas de estas investigaciones fueron archivadas debido a la prescripción de los delitos o a la inviolabilidad que el monarca disfrutó hasta su abdicación en 2014, esta querella busca reabrir el debate sobre la posible responsabilidad penal del rey emérito en los años posteriores a su abdicación.

Un precedente legal controvertido

La presentación de una querella contra una figura como el rey emérito supone un hecho inusual en España y plantea cuestiones legales y políticas complejas. Si bien desde su abdicación Juan Carlos I dejó de gozar de inviolabilidad, el análisis de sus actos posteriores a 2014 sigue generando controversia tanto en el ámbito jurídico como en el público.

Reacciones y consecuencias

La querella ha generado un intenso debate en España sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las altas instituciones del Estado. Algunos sectores consideran que estas acciones judiciales son fundamentales para reforzar la confianza en la justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley, mientras que otros las critican por considerar que buscan dañar la imagen de la monarquía.

Por ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá decidir si admite a trámite esta querella y, en su caso, determinar los próximos pasos a seguir en la investigación de los presuntos delitos fiscales.

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