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Reino Unido detecta una nueva mutación en la «variante británica» del coronavirus

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EFE/EPA/DOMINIC LIPINSKI/Archivo

Londres, 2 feb (EFE).- Las autoridades sanitarias del Reino Unido han detectado una nueva mutación en la llamada «variante británica» del coronavirus, la cual, según temen los expertos, podría reducir la eficacia de las actuales vacunas.

En un análisis de 214.159 muestras de esa variante del virus, conocida técnicamente como B117, los científicos del organismo de salud pública Public Health England (PHE) hallaron 11 casos de la mutación E484K, que también se encuentra en las variantes brasileña (B1128) y surafricana (B1351).

Al responder hoy a esta información, Julian Tang, virólogo de la universidad de Leicester (centro de Inglaterra), dijo que se trata de un hallazgo «preocupante», aunque «no del todo sorprendente», puesto que es normal que los virus muten.

Tang instó a la población a respetar las restricciones vigentes dado que los virus «no solo se propagan sino que evolucionan» para adaptarse a su entorno.

Al igual que otros expertos, este académico alertó de que la propagación de esta mutación dentro de la variante británica podría incidir en la eficacia de las vacunas, como ocurre con las brasileña y surafricana, si bien los preparados aún ofrecerían cierto nivel de protección.

Un estudio preliminar de la universidad inglesa de Cambridge difundido este martes indica que la vacuna de Pfizer-BioNTech es eficaz contra la variante británica, pero es «menos efectiva» cuando contiene la mutación E484K, pues entonces se requieren «niveles sustancialmente más altos de anticuerpos para neutralizar el virus».

Aunque existen miles de variantes del coronavirus original circulando por el mundo, los expertos se centran sobre todo en estas tres -británica, surafricana y brasileña- por su potencial de contagio y aparente mayor resistencia a los fármacos.

Varias localidades de Inglaterra han iniciado hoy precisamente análisis a domicilio para detectar y aislar casos positivos de la variante surafricana, entre indicios de que se está extendiendo entre la población en el Reino Unido.

El Gobierno conservador confirmó ayer esta iniciativa después de que se detectaran en varios puntos del país los primeros supuestos de esa variante que no están vinculados directamente a un viaje a Suráfrica o a otros casos positivos conocidos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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