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Reino Unido detecta una nueva mutación en la «variante británica» del coronavirus

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EFE/EPA/DOMINIC LIPINSKI/Archivo

Londres, 2 feb (EFE).- Las autoridades sanitarias del Reino Unido han detectado una nueva mutación en la llamada «variante británica» del coronavirus, la cual, según temen los expertos, podría reducir la eficacia de las actuales vacunas.

En un análisis de 214.159 muestras de esa variante del virus, conocida técnicamente como B117, los científicos del organismo de salud pública Public Health England (PHE) hallaron 11 casos de la mutación E484K, que también se encuentra en las variantes brasileña (B1128) y surafricana (B1351).

Al responder hoy a esta información, Julian Tang, virólogo de la universidad de Leicester (centro de Inglaterra), dijo que se trata de un hallazgo «preocupante», aunque «no del todo sorprendente», puesto que es normal que los virus muten.

Tang instó a la población a respetar las restricciones vigentes dado que los virus «no solo se propagan sino que evolucionan» para adaptarse a su entorno.

Al igual que otros expertos, este académico alertó de que la propagación de esta mutación dentro de la variante británica podría incidir en la eficacia de las vacunas, como ocurre con las brasileña y surafricana, si bien los preparados aún ofrecerían cierto nivel de protección.

Un estudio preliminar de la universidad inglesa de Cambridge difundido este martes indica que la vacuna de Pfizer-BioNTech es eficaz contra la variante británica, pero es «menos efectiva» cuando contiene la mutación E484K, pues entonces se requieren «niveles sustancialmente más altos de anticuerpos para neutralizar el virus».

Aunque existen miles de variantes del coronavirus original circulando por el mundo, los expertos se centran sobre todo en estas tres -británica, surafricana y brasileña- por su potencial de contagio y aparente mayor resistencia a los fármacos.

Varias localidades de Inglaterra han iniciado hoy precisamente análisis a domicilio para detectar y aislar casos positivos de la variante surafricana, entre indicios de que se está extendiendo entre la población en el Reino Unido.

El Gobierno conservador confirmó ayer esta iniciativa después de que se detectaran en varios puntos del país los primeros supuestos de esa variante que no están vinculados directamente a un viaje a Suráfrica o a otros casos positivos conocidos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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