La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA que dejó 230 muertos y cuantiosos daños materiales en la provincia de Valencia ha acordado celebrar un careo entre la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el testigo José Manuel Cuenca, quien fue jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.

La decisión figura en un auto emitido este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que se estima la solicitud de la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià. Por el momento, no se ha fijado fecha para el careo.

La razón del careo

La magistrada argumenta que es necesario contrastar las declaraciones de Pradas con las de Cuenca debido a discrepancias detectadas en distintos contextos:

• Mensajes de WhatsApp aportados mediante acta notarial por la defensa de Pradas.

• La segunda declaración de Cuenca como testigo, en la que afirmó que los mensajes estaban “descontextualizados”.

• Manifestaciones públicas de la exconsellera sobre si debía o no molestar al president Mazón.

En el auto, la jueza subraya que el careo, aunque de carácter excepcional, es necesario para evitar que la versión de los hechos de la investigada sea una amalgama de declaraciones judiciales, públicas y en comisión parlamentaria, que presentan incoherencias esenciales para la investigación.

Aspectos clave de la investigación

La magistrada señala que los extremos que se abordarán en el careo son “absolutamente esenciales” para esclarecer el proceso de decisión seguido en la reunión del Cecopi el 29 de octubre de 2024, cuando se gestionó la emergencia de la DANA.

Según la Audiencia Provincial de Valencia, el presidente de la Generalitat ostenta la máxima autoridad del Consell y tiene atribuciones legales para coordinar y dar instrucciones a los miembros del gobierno autonómico, lo que sitúa las decisiones adoptadas durante la emergencia bajo un marco de responsabilidad directiva que la investigación busca clarificar.

El careo permitirá a la jueza determinar la coherencia de las manifestaciones de Pradas con los medios de prueba existentes y resolver contradicciones clave sobre la gestión de la emergencia que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana.

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