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Ribó celebra la recuperación del edificio Docks, que será cedido para usos culturales y de innovación

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El alcalde Joan Ribó ha celebrado hoy la recuperación del edificio Docks de la Marina de València, que será cedido al Consorcio València 2007 para su adecuación para uso de la ciudadanía. Ribó ha valorado la oportunidad de dar a este inmueble usos destinados al fomento de la innovación y la cultura, y ha subrayado el esfuerzo negociador que se ha llevado a cabo para alcanzar un buen acuerdo.

“Ha sido un trabajo largo hasta conseguir adelantar el fin de la concesión del edificio que, en principio, se prolongaba hasta el año 2022”, ha explicado hoy el alcalde ante los periodistas que se han interesado por el asunto. Ribó ha explicado que ahora el objetivo es ceder el inmueble al Consorcio “para que trabaje en la posibilidad de hacer actividades culturales y de innovación”. No obstante, el alcalde ha señalado que la decisión concreta de lo que se haya de hacer en Docks “no corresponde al Ayuntamiento, sino al Consorcio de la Marina, del que el Ayuntamiento forma parte”.

El primer edil ha calificado la recuperación del edificio por parte del Ayuntamiento como “un paso importante”. “Nos ha costado porque hemos tenido que negociar mucho con las personas que tenían la concesión”, ha explicado Ribó. “Pero al final hemos llegado a un buen acuerdo, y es un paso hacia delante volver a disponer de un edificio emblemático para poner en marcha la Marina como estamos haciéndolo”. Hay que tener en cuenta que el edificio de Docks tiene amplias posibilidades de intervención, adecuación y usos.

El edificio Docks está ubicado en la plaza de la Aduana nº 1 y la calle Doctor Marcos Sopena, en la Marina de València. El pasado mes de julio, la Junta de Gobierno Local aprobó resolver de mutuo acuerdo y anticipadamente su concesión a terceros (la mercantil Dockcs Comerciales S.A, actualmente Docks Logistics Spain, S.A.) que, en principio, estaba establecida hasta el año 2022, y que deberá abonar una deuda pendiente con el Ayuntamiento de 168.894 euros en concepto de tasas de ocupación, actividad principal y complementaria de ocio y hostelería.

Precisamente un grupo de profesionales relacionados con la arquitectura, la educación, la creatividad, la investigación, la economía y la innovación ha participado en una jornada destinada a definir los posibles usos futuros del edificio Docks, en el marco del primer proceso participativo de recogida de ideas en torno al uso del edificio. Se trata de expertos de instancias como el IVAM, Berklee Collage, Econcult, el Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo de la Universitat de València, Instituto Valenciano de la Edificación- IVE, o la plataforma de profesionales urbanistas URBEGO, así como consultoras y centros de análisis.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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