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El Ayuntamiento no autoriza las paellas en La Punta y responsabiliza a la empresa de las entradas vendidas

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VALÈNCIA, 11 Abr.- El Ayuntamiento de València no autoriza el Festival Paellas Universitarias 2019 en La Punta, que estaba previsto que se celebrara este viernes, al «no contar con los requisitos establecidos» y ha responsabilizado a la empresa privada que iba a organizarlo de las entradas que ya se han vendido, según han explicado fuentes municipales.

Al respecto, han explicado las paellas universitarias son «un evento privado, organizado, promovido y gestionado por una empresa ajena a la administración» que en un primer momento iba a celebrar el Festival en Moncada, pero que al no poder hacerlo allí, se dirigió al Ayuntamiento de València a «pocos días del evento».

El consistorio se puso entonces a trabajar en el expediente, que «finalmente no ha contado con los requisitos establecidos para poder realizar el evento en La Punta, tal y como han valorado los técnicos y la secretaría del Ayuntamiento», según las mismas fuentes.

Asimismo, ha recordado que es «responsabilidad de cualquier empresa vender entradas para un evento teniendo la certeza de que podrá celebrarlo». Por ello, ha señalado que es la empresa de este evento privado la que «tendrá que dar respuesta a las personas que compraron su entrada».

Los vecinos del barrio, a través de la asociación La Unió de la Punta, presentaron este miércoles una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 13 en la que pedían la paralización «urgente» de las paellas al considerar que con una afluencia de unas 25.000 personas se impedirá el acceso y movilidad de los vecinos de la pedanía, en un espacio «sensible, de huerta protegida, en la que reside mucha gente anciana que vive sola».

La organización se pronuncia

La organización ha asegurado, vía redes sociales, que no han recibido notificación oficial «de ningún tipo». A lo que ha añadido que «siguen trabajando hasta el último momento con todos los procedimientso legales pertinentes».

Los asistentes al evento universitario más grande de Europa serán, según la organización, los primeros en conocer la resolución pertinente. Se ha despedido con un «Mañana sigue todo en su curso normal».

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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