La ONIF, la Oficina Antifraude que depende del Ministerio de Hacienda, ha acusado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.
Según consta en el informe final de más de 600 páginas remitido por la ONIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.
No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, superando cada año la cifra de 120.000 euros que se consideran delito fiscal.
El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante «ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles».
El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.
El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.
La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.
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