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Rodríguez deja la Diputación «convencido» de su inocencia: «Para demostrarla, es mejor estar fuera que dentro»

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Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado este lunes que deja la presidencia de la corporación provincial «convencido de su inocencia» y de la de su equipo. «Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella», ha manifestado.

El también alcalde de Ontinyent se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha estado arropado por trabajadores de la corporación y diputados provinciales del PSPV como Toni Gaspar y Pablo Seguí, tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la ‘Operación Alquería’ que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.

Antes de atender a la prensa, en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, Rodríguez ha sido vitoreado y aplaudido por miembros de la corporación y representantes de municipios valencianos al grito de: «Jorge, Jorge». Al finalizar, se han vuelto a escuchar aplausos y el nombre de su localidad «Ontinyent».

«Presento mi dimisión convencido de mi inocencia y la de mi equipo, pero convencido también de que mi continuidad al frente de la institución no puede contribuir hoy al cambio de percepción en el que tanto hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella», ha señalado.

Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El juez, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015, le dejó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar. Las diligencias están declaradas secretas.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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