Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, compareció durante siete horas como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. En su declaración, Polo defendió las actuaciones de la CHJ, aclaró detalles sobre las alertas enviadas, y apuntó a la Generalitat Valenciana como responsable del seguimiento y la toma de decisiones durante la emergencia.

Conocimiento del caudal del barranco del Poyo y solicitud del Es Alert

Miguel Polo afirmó que tuvo conocimiento por primera vez del incremento del caudal del barranco del Poyo alrededor de las 18:45 horas, cuando su equipo se lo comunicó. Según explicó, ese caudal era significativo pero coherente con las intensas lluvias que se estaban produciendo ese día. Subrayó que en ningún momento alertó de que la presa de Forata fuera a colapsar, sino que advirtió sobre el riesgo de vertido.

En cuanto a las alertas oficiales, Polo detalló que pidió el envío de un mensaje de alerta ES Alert para la presa de Forata a las 17:30 horas, mucho antes de que la Generalitat activara el aviso a la población a las 20:11 horas. Durante la tarde, Polo recordó que, minutos después de las 19 horas, Emergencias de la Generalitat les volvió a conectar con la sala del Cecopi y comprobó que aún no se había enviado ningún mensaje oficial, hecho que generó tensión.

Debates y tensiones en el Cecopi sobre la declaración de emergencia

Polo narró cómo, durante la convocatoria del Cecopi a las 17:00 horas, se empezó a debatir sobre las inundaciones en la comarca de Utiel. Sin embargo, interrumpió esas intervenciones para centrar la atención en la situación de la presa de Forata, señalando que con esos caudales podría ser necesaria la declaración de algún escenario de emergencia. No obstante, relató que durante la reunión hubo una pausa y cierta desconexión, reflejando incertidumbre y falta de consenso.

El presidente de la CHJ destacó que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, leyó un texto para enviar a la población pero mostró dudas sobre declarar la emergencia. Polo aseguró que él le comunicó, aunque «con el micro cerrado», que no le parecía bien el texto, pero que enviaran algún mensaje. Finalmente, se decidió enviar dos mensajes, uno dirigido a toda la provincia de Valencia y otro a las comarcas más afectadas, con la sugerencia de añadir zonas como la Ribera Baixa y l’Horta Sud.

Críticas a la gestión de la Generalitat y falta de toma de decisiones

Durante la declaración, Polo criticó abiertamente la falta de liderazgo y decisión en el Cecopi, asegurando que “nadie tomaba ninguna decisión, nadie hacía nada” en un momento crítico. Además, reveló que la consellera Pradas mostró dudas sobre su capacidad legal para actuar, a pesar de que el subdirector de Emergencias insistió en varias ocasiones que la ley le amparaba para tomar las medidas necesarias.

En una llamada posterior, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, preguntó a Polo “¿qué está pasando?”, reflejando la preocupación ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades autonómicas.

Coordinación y responsabilidades: la posición de la CHJ

Miguel Polo defendió el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar, insistiendo en que la CHJ tiene competencias para monitorizar ríos grandes y no barrancos, y que desde su organismo se enviaba información técnica de forma continua desde las 17 horas sobre lluvias y caudales. Aseguró que era responsabilidad de la Generalitat hacer el seguimiento y emitir las alertas, ya que el Cecopi tenía acceso a los sistemas de información y podía tomar decisiones operativas.

El presidente de la CHJ explicó que en todas las presas, incluido Forata, hay personal en contacto permanente debido al riesgo, y que él mismo habló con varios alcaldes para compartir información que, según dijo, está disponible públicamente en el Plan de Emergencia de Inundaciones.

Reflexiones finales sobre la gestión de la DANA

La declaración de Miguel Polo aporta luz sobre la compleja gestión de la DANA y evidencia tensiones, falta de coordinación y desacuerdos entre organismos. Polo negó la existencia de un apagón informativo desde la CHJ y apuntó a “demoras” e incertidumbres dentro del Cecopi y la Generalitat.

Este testimonio es clave para comprender las causas de la tardanza en la activación de las alertas y las dificultades en la respuesta ante una catástrofe que dejó 229 víctimas. La investigación judicial continúa en busca de responsabilidades para mejorar la gestión de emergencias en el futuro.

El juzgado de Catarroja reclama en tres días las imágenes y audios clave de la gestión durante la tragedia que dejó 229 muertos en Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha dado un nuevo paso en la investigación judicial por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, solicitando oficialmente a À Punt (la radiotelevisión pública valenciana) y a Emergencias de la Generalitat Valenciana que entreguen las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi correspondiente a ese día.

El requerimiento establece un plazo máximo de tres días para aportar el material audiovisual del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), órgano clave durante la emergencia que acabó con la vida de 229 personas en la provincia de Valencia.

¿Qué busca la jueza con las grabaciones del Cecopi?

Las grabaciones solicitadas podrían contener información esencial sobre cómo actuaron las autoridades autonómicas en las horas críticas previas y posteriores a las inundaciones masivas provocadas por la DANA.

Este material es considerado evidencia clave en la causa judicial abierta para determinar posibles responsabilidades políticas, técnicas o penales derivadas de una presunta mala gestión de la emergencia.

La jueza ya había solicitado anteriormente este contenido, y este nuevo requerimiento implica que no se ha entregado completamente o no se ha hecho dentro de los términos solicitados por el juzgado.

El Cecopi, en el centro del caso DANA

El Cecopi es el órgano encargado de coordinar la respuesta ante emergencias en la Comunitat Valenciana. Durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, se habría reunido en sesión extraordinaria para gestionar la crisis.

Sin embargo, la falta de respuestas, posibles retrasos en la actuación y algunas declaraciones captadas en vídeos filtrados —como la ya conocida frase de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas: «A mí no me apetece llamarlo» (en referencia al presidente de la CHJ, Miguel Polo)— han encendido las alarmas sobre una posible negligencia institucional.

Investigación prorrogada por su «gran complejidad»

La instructora fundamenta la necesidad de la prórroga en la «complejidad de la causa», debido a que aún queda por tomar declaración a decenas de perjudicados, testigos y peritos, cuya participación ya ha sido acordada previamente.

Asimismo, el juzgado está pendiente de recibir informes, oficios y grabaciones de audio y vídeo, como las correspondientes a la reunión del CECOPI del mismo día del temporal, documentos que podrían ser claves para el avance de la causa.

“La finalización de la instrucción en el plazo restante de un mes no es factible”, señala la jueza, quien considera la prórroga una medida imprescindible para garantizar la tutela judicial efectiva de todas las partes implicadas.

Declaraciones y diligencias clave en octubre

Junto al auto, el órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación en la que se tramitan varios escritos, entre ellos uno del presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana SA, en respuesta a un requerimiento judicial emitido el pasado 15 de septiembre.

Además, se ha procedido a citar a declarar a nuevos perjudicados durante el próximo mes de octubre, lo que confirma que el caso continúa activo y en proceso de recopilación de pruebas.

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