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Sucesos

Se investiga la muerte de una paciente ingresada en el área de psiquiatría del Hospital de Dénia

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ALICANTE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) – La Unidad de Psiquiatría del Hospital de Dénia (Alicante), que gestiona Marina Salud, investiga el fallecimiento hace unos días de una paciente que permanecía ingresada en ese departamento.

Al respecto del suceso, Marina Salud ha destacado en un comunicado remitido este miércoles que en los diez años de funcionamiento de la Unidad «nunca se había registrado un incidente de estas características». La mujer, según publica este miércoles el diario Información, se ahorcó con una sábana atada a una llave de paso del cuarto de baño de su habitación, por lo que, según el períodico, «no necesitó introducir ningún elemento del exterior».

La Unidad de Psiquiatría en el tiempo que lleva de funcionamiento ha ofrecido «excelentes resultados» por el «gran trabajo» de los profesinales del área, según ha indicado Marina Salud.

Así, han alegado que la dotación de personal «en el momento del suceso» era «la adecuada» en relación al número de pacientes hospitalizados.

La Unidad de Psiquiatría, «como el resto de servicios del Departamento de Salud de Dénia, está sometida a inspecciones y auditorías frecuentes por parte de la Conselleria de Sanidad», han proseguido y, sin embargo, han recalcado que «tras el incidente, Marina Salud ha abierto una investigación interna para conocer los motivos e introducir posibles elementos de mejora de cara a un futuro».

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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