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Se suspenden las clases en 16 municipios de la Comunitat y se cortan varias carreteras

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VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) – El temporal de lluvias que está afectando a la Comunitat Valenciana, y que ha dejado hasta 95,2 l/m2 en Torrevieja, ha obligado a suspender las clases en al menos 16 municipios, cortar carreteras y está provocando retrasos en los trenes de cercanías de las líneas C-6 y la C-2, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Así, Aemet ha declarado este lunes el aviso rojo para el sur de Valencia y norte de Alicante ya que las lluvias pueden dejar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Hasta el momento, el litoral norte de Valencia y el sur de Alicante están aviso naranja por lluvias de hasta 50 l/m2 y el resto de la Comunitat en aviso amarillo.

Ante esta situación se han suspendido por el momento las clases en los municipios de Torrevieja, Elche La Xara, Xàbia, Pedreguer, Poble Nou, El Verger, Murla, Beniarbeig, Dénia Els Poblets, Vall de Laguar, Teulada-Moraira en la provincia de Alicante y la localidad de Alginet y Alzira en la de Valencia.

Asimismo, permanecen cortadas las carreteras CV-525 (Alginet), CV505 y CV-506 y CV-508 (Alzira) y los accesos subterráneos a la población d de Alzira y CV-590 (Benejuzar). Asimismo, están cerradas la V-605 (#Cullera a #Gandia), cortada entre los kilómetros 4+300 al 8+000 y se debe circular con precaución en la CV-415 (Picassent a Alborache) por arrastres entre los kilómetros 7 al 9+500.
y la CV-510 (Alzira a Favara) entre los kilómetros 1 al 6, según ha informado el 112 y la Diputación de Valencia.

En total, 112 han entrado 16 llamadas de incidentes. En concreto, los bomberos de Alicante han atendido siete incidentes en Orihuela (cinco por filtraciones, un árbol caído, y otra por el corte de CV-920 Benejuzar). Por su parte, los bomberos de Castellón tuvieron que intervenir por un coche que quedó bloquedo en Vinaròs, mientras que los de Valencia por una terraza inundada en Sueca y el desprendimiento de un techo en una vivienda en Algemesí, aunque sin causar heridos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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