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Valencia

La vicepresidenta Susana Camarero asumirá la portavocía del Gobierno Valenciano

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Susana Camarero
La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y secretaría del Consell, Susana Camarero Benítez, durante la reunión con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras anunciar este la composición del nuevo Gobierno valenciano de coalición entre el PP y Vox, que tomará posesión por la tarde. EFE/Biel Aliño

València, 17 nov (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, será la nueva portavoz del Gobierno valenciano en sustitución de la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, que ejercía este cargo hasta el momento.

Durante los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los cambios en el Consell, que contará con una nueva estructura adaptada al plan de recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana tras las consecuencias ocasionadas por la riada del 29 de octubre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El pasado viernes, el president Carlos Mazón avanzó, en su comparecencia en Les Corts, que la nueva estructura del Consell incluirá una vicepresidencia transversal que coordinará las actuaciones de la reconstrucción económica y social de Valencia y una Conselleria de Emergencias e Interior enfocada a responder a las situaciones de crisis de forma ágil y coordinada y con competencias de prevención para proteger y velar por la seguridad de los valencianos.

Susana Camarero, la número 2 del Gobierno valenciano a la que Mazón refuerza como portavoz

La hasta ahora vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, refuerza su papel en el Consell que preside Carlos Mazón con las funciones de portavoz, una labor que en la práctica venía ejerciendo ya durante los últimos días.

A pesar de no tener hasta ahora entre sus competencias la portavocía -que estaba en manos de la consellera de Hacienda, Ruth Merino-, Camarero, caracterizada por la facilidad de palabra y un discurso firme, ha sido la que ha comparecido en las ruedas de prensa para trasladar las actuaciones de la Generalitat ante la dana del 29 de octubre.

El primer cambio en el Consell de Mazón

Este cambio, conocido a última hora de la tarde de este domingo, es el primero confirmado tras el anuncio de Mazón de que va a remodelar la estructura de su Ejecutivo para enfocarlo a la reconstrucción tras la devastadora dana que ha dejado en la provincia de Valencia más de 200 muertos, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales.

Abogada de 54 años, Camarero es una persona de plena confianza del president de la Generalitat, quien antes de ganar las elecciones autonómicas de 2023 tenía claro que si llegaba al Palau quería tenerla en su Ejecutivo al frente de la cartera encargada de las políticas sociales y la igualdad.

Su trayectoria y su experiencia en estas materias, pero sobre todo su «empatía y sensibilidad» formaban, según explicó Mazón en la toma de posesión de Camarero, el «cóctel perfecto» para gestionar las políticas sociales, unido a su conocimiento de la Administración del Estado.

Por ello, Mazón le encomendó la vicepresidencia segunda -que se convirtió en única cuando el pasado mes de julio Vox salió del Ejecutivo- y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, además de ejercer como la secretaria del Gobierno valenciano.

Amplia experiencia política

Camarero comenzó su andadura política en 1995, cuando ocupó un escaño de diputada en Les Corts Valencianes en la bancada del PP durante la primera legislatura de Eduardo Zaplana como president de la Generalitat.

Cinco años después pasó a ser diputada en el Congreso, del que formó parte hasta 2014 y donde ejerció como portavoz del PP en las comisiones de servicios sociales y de igualdad, y fue ponente tanto de la ley Integral de Violencia de Género como de la Ley de Igualdad.

Entre 2014 y 2016 ejerció como número dos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en calidad de secretaria de Estado de Servicios Sociales a Igualdad, cuando se aprobó la modificación de la ley de Infancia y Adolescencia por la que los menores fueron reconocidos como víctimas directas de esta violencia.

Igualdad

De ahí pasó al Senado (2016-2019), donde presidió la comisión de Igualdad del Senado y la ponencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tras lo que aparcó la vida política para dedicarse a ser consultora de igualdad de empresas, administraciones y entidades.

En 2023, cuando era directora sénior de la empresa Contexto Político en Llorente y Cuenca, Mazón la llamó para formar parte de su primer Consell, lo que le permitió regresar desde Madrid a su tierra y a la primera línea de la política para afrontar un reto que calificó de «abrumador, apasionante» y «sin duda exigente».

La responsabilidad que el president le encargó en julio de 2023 fue definida entonces por Camarero como el reto de su vida, para el que llevaba décadas preparándose, y un «broche de oro» a una vida dedicada a la igualdad, según aseguró.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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