València, 11 ene (EFE).- La repetición del juicio al exmarido de Mónica Oltra, condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a una menor, que la Audiencia de Valencia tenía prevista para este lunes, no ha podido celebrarse porque la abogada defensora del reo está en cuarentena por coronavirus.

Ana Cal, la abogada defensora, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la condena a Luis Eduardo R. Él era educador social de un centro de menores de Valencia dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la que es titular la vicepresidenta Oltra, y fue acusado de abusar sexualmente de una de las residentes, de 14 años en el momento de los hechos, es decir, entre finales de 2016 y principios del año 2017.

El tribunal que le condenó no tuvo en cuenta un informe de Instituto Espill, especializado en tratamiento de abusos y en exámenes forenses, que no daba credibilidad a la denuncia de la supuesta víctima.

Sobre esta base se fundamentó el recurso, que el TSJCV aceptó parcialmente, y obligó a repetir el juicio en lo que a esa prueba se refiere. Este lunes, la Audiencia de Valencia tenía prevista dicha repetición, pero la epidemia lo ha hecho imposible, en un avatar más de los que lleva sufriendo un caso que acumula muchos sucesos irregulares.

Cal, que es la segunda abogada defensora del reo en sustitución del primer letrado defensor, argumentaba que se habían vulnerado el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia de su cliente, porque la sala que le condenó no tuvo en cuenta el texto del Espill y un segundo informe basado en ese dictamen, segundo informe del que la Fiscalía «tuvo conocimiento», aunque no lo aportó a la causa.

Es decir, según se argumentaba en el recurso de la defensa, acogido por el TSJCV, la Fiscalía de Menores dispuso de un informe que recogía las conclusiones del Instituto Espill que no daban credibilidad a la víctima, pero el tribunal no lo vio porque nadie, ni el primer abogado del reo, ni la acusación, lo puso en su conocimiento. En su respuesta al recurso de la defensa, la Fiscalía calificó de poco relevante ese informe.

Por otro lado, la Fiscalía considera irregular que los abusos tardaran meses en denunciarse, desde que los educadores conocieron el relato de la chica hasta que la historia llegó a la Fiscalía de Menores. Fue ésta, la Fiscalía, y no la chica a través de sus tutores, quien presentó la denuncia, según señalaron a Efe fuentes fiscales.

En todo caso, el TSJCV resolvió que «el recurrente vio mermadas sus posibilidades defensivas al no poder proponer en la instancia aquellos dos informes a que hace mención en su escrito y, lógicamente, al no poder reclamar la declaración, como testigos y peritos, de cuantas personas participaron en los mismos».

De este modo, la vista se repetirá para que estos informes puedan ser aportados a la causa y puedan asimismo testificar las profesionales que los firmaron, así como que puedan celebrarse otras pruebas que surjan a partir de que sean tenidos en cuenta.

Además, aquel primer juicio presentó otro problema: la joven denunciante fue trasladada a la Ciudad de la Justicia de Valencia esposada, una circunstancia absolutamente irregular, tratándose de una víctima y de una menor, según señaló el propio tribunal, que pidió disculpas a la joven por el error cometido por la Policía adscrita a la Generalitat.

La Policía argumentó que creyeron que era una acusada, pero una menor no puede serlo ante la Audiencia, lo que hace el error inexplicable tanto por su parte como por parte de los tutores de la joven, es decir, los servicios de la Generalitat, que no se lo aclararon a los agentes.