El Tribunal Constitucional ha suspendido la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament admitió a trámite el 20 de febrero para declarar la independencia de Cataluña. Por unanimidad, el Pleno del tribunal de garantías ha dictado una providencia en la que admite a tramite el recurso del Ejecutivo, lo que supone la paralización inmediata de la ILP.
Todos los magistrados y las magistradas han estado de acuerdo en la admisión. Sin embargo, ha sido un debate «intenso» que ha girado en torno a cuestiones técnicas y que habido discrepancia en cuanto a los argumentos, porque había «distintos motivos» a la hora de justificar la admisión a trámite, según han informado fuentes jurídicas a EFE.
Un debate extenso por un asunto «sin apenas precedentes»
De hecho, el debate se ha extendido durante hora y media, pese a que se trata de un recurso del Ejecutivo, cuya admisión es en la mayoría de los casos casi automática, y de la amplia doctrina constitucional respecto del proceso independentista catalán.
Y es que el asunto no era nada sencillo ya que se trata de «un procedimiento escasamente utilizado», «sin apenas precedentes» puesto que no es un recurso de inconstitucionalidad contra una ley sino un recurso de impugnación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley, cuyo objeto es el acuerdo de la mesa del Parlament de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular.
De hecho, el último precedente fue la admisión a trámite por la mesa de la asamblea del País Vasco del plan Ibarretxe, que el Gobierno de José María Aznar recurrió y el TC rechazó su admisión, lo que no ha sucedido en este caso.
Cuando anunció el recurso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que su postura es «es absolutamente coherente» con la política del Gobierno y añadió que el Ejecutivo va en contra de cualquier iniciativa «que sea divisiva, fracture la sociedad y genere tensión» como cree que ocurriría con la tramitación de esta ILP, que también ha sido recurrida por el PSC .
La Mesa del Parlament admitió a trámite esta iniciativa promovida por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC y a pesar del informe consultivo negativo de un letrado.
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